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50 ANIVERSARIO

Doñana cierra pozos para sobrevivir

Las exigencias de la UE para poner fin al robo de agua por un lado y las demandas de los agricultores por otro colocan al gobierno en una encrucijada

 

Flamencos en el Parque Nacional de Doñana. - CSIC/JOAN COSTA

Julia Camacho
17/08/2019

La singular belleza de la desembocadura del Guadalquivir, considerada el mayor refugio para las aves migratorias de todo el continente europeo, atrajo en los años 60 la atención de un grupo de científicos y de amantes de la naturaleza que unieron esfuerzos en una epopeya naturalista para salvarla de los proyectos de desecación durante la dictadura. El espacio natural de Doñana alcanza el medio siglo de vida con el reto, precisamente, de poner fin al robo ilegal del agua, su principal amenaza y objeto de una denuncia de la UE contra España por no proteger adecuadamente el mayor humedal europeo. Y es que no ha sido hasta este verano, seis años después de las primeras denuncias y pese a las órdenes judiciales, cuando ha comenzado en serio el cierre de pozos sin permiso.

Cancelado por vía judicial el proyecto de dragado del río, y tras el portazo de la UE a un posible un gaseoducto en su subsuelo, la gestión del agua amenaza la supervivencia del parque. Científicos y ecologistas coinciden en que el uso ilegal e insostenible del agua para la próspera industria de fresas y frutos rojos que rodea el parque, y que supone cerca del 80% de la producción nacional, afecta de forma grave a los valores naturales de Doñana. En los últimos años se observa la pérdida de biodiversidad o la desecación de algunas lagunas, provocando una reclamación de la Unesco para adoptar medidas urgentes si el espacio protegido quiere mantener su condición de Patrimonio de la Humanidad. La situación es tan grave que el Gobierno inició a comienzos de año los trámites para declarar la sobreexplotación del acuífero que nutre Doñana, una masa de agua subterránea de 2.400 kilómetros cuadrados cuyo estado genérico es peor que en la sequía de los años 90.

Las cifras de la ilegalidad bailan entre los 562 pozos y 146 balsas sin documentación que estima el Seprona y el millar de captaciones ilegales que contabiliza WWF. Muchos de esos pozos se encuentran en monte público e incluso se construyeron sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), lo que demuestra que las administraciones miraron para otro lado. Es más, ayuntamientos como Lucena del Puerto, el municipio donde se concentran la mayor parte de los pozos ilegales, o Moguer pleitearon para impedir su cierre. El regidor de Lucena se justificó hace unos días: la clausura de los 77 pozos que acaba de ejecutar la CHG, cumpliendo una sentencia judicial de 2017, se traduce en 6,5 millones de euros en pérdidas y la desaparición de más de 1.300 empleos, muchos de los cuales se echaron al campo a finales de junio para bloquear el intento de sellado.

La primera denuncia contra los pozos ilegales la presentó el Seprona en 2013, aunque ya existía en la zona conciencia del expolio del agua. La Junta de Andalucía trató encarar un problema que había nutrido durante dos décadas con ayudas y subvenciones públicas a los cultivos de regadío, y en 2014 dio luz verde al Plan de ordenación del entorno de Doñana. En él se proponía la eliminación de unas 2.000 hectáreas ilegales de cultivos surgidos en zonas forestales, monte público o cauces de arroyo, que aún siguen activas, según los ecologistas. Lo llamativo es que el documento reconocía la escasez de agua para las 9.000 hectáreas que se consideraban legales.

Además de clausurar pozos ilegales, la CHG insiste en que está trabajando en regularizar los derechos de riego de un importante número de regantes para que puedan seguir con sus cultivos. Los agricultores, mientras siguen movilizados y reclaman que antes de realizar cualquier cierre se les garantice agua en superficie mediante trasvases.