La trabajadora social que cobró la pensión por incapacidad absoluta de un muerto durante 33 años tras falsificar su DNI admitió los hechos y aceptó la rebaja de la pena a dos años de prisión y una multa de 147.963 euros que le ofreció la Fiscalía. El Ministerio Público pedía en su escrito inicial una pena de seis años por un delito de falsedad documental y por un delito continuado de estafa. agencias
