Ayer se cumplieron dos años de la muerte de la joven Diana Quer, un caso que copó las páginas y programas de sucesos pero que sirvió también para abrir un debate en torno a la prisión permanente revisable, cuya derogación, exigida por muchos, ha quedado congelada en el Congreso.
Fue en la madrugada del 22 de agosto de 2016 cuando Diana, que tenía 18 años, fue vista por última vez en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba, en esa ocasión con su madre y su hermana Valeria. A las 8.30 horas de esa mañana, su progenitora denunció la desaparición.
Tras 16 meses de incertidumbre, la Guardia Civil, que desde el primer momento puso a sus mejores agentes especializados al frente de la investigación, detuvo el pasado 29 de diciembre al presunto autor de la muerte de Diana, un hombre que había intentado secuestrar y abusar unos días antes a otra mujer.
Se trata de José Enrique Abuín, el Chicle, en la cárcel desde entonces y en espera de sentarse en el banquillo ante un jurado popular, acusado de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual.
El caso sirvió para unir a padres de chicas desaparecidas y asesinadas, entre ellos el de Diana, el de Mariluz (la menor asesinada hace diez años en Huelva) o el de Marta del Castillo, desaparecida en Sevilla en 2009, para reclamar que no se derogara la prisión permanente revisable.
De momento, en la Cámara Baja todo está paralizado. De hecho, la propuesta de derogación de esta figura, que fue impulsada por el PNV y que superó sus primeros trámites en el Pleno, se encuentra congelada ante el poco interés de los principales grupos por abordar un asunto espinoso, que confían en que resuelva el Tribunal Constitucional.
