El acuerdo alcanzado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las compañías eléctricas para fijar la fecha de cierre del parque nuclear entre los años 2025 y 2035 ha cogido por sorpresa a las principales organizaciones ecologistas. Consideran que acuerdo está hecho a medida de los intereses de las compañías y exigirán al Ejecutivo que no retrase el apagón nuclear definitivo, que el PSOE había fijado en el 2028 en su programa electoral, sino que lo adelante.

La ministra se reunió el pasado 28 de enero con los primeros ejecutivos de las tres propietarias de la centrales (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y desde entonces estas han filtrado a la prensa económica el contenido de un acuerdo que incluye también un borrador de calendario de finalización de las operaciones para cada uno de los siete reactores que aún funcionan en España. El cierre empezaría en el 2027 con Almaraz I (2027) y seguiría con Almaraz II (2028), Ascó I (2029); Ascó II (2030), Cofrentes (2033), Vandellós (2034) y Trillo (2035).

A LA SOCIEDAD // La ministra confirmó el martes la existencia del acuerdo una horas antes de que la organización ecologista Greenpeace y la Fundación Renovables reunieran ayer a un buen número de expertos y operadores en una jornada titulada Un horizonte sin nucleares. Ambas organizaciones hicieron público un comunicado en el que reclaman que el debate se abra a la sociedad.

Ecologistas en Acción, por su parte, sostiene que las centrales deben cerrar cuando expiren sus actuales permisos de operación, lo que significaría tener clausurado el parque en 2024. El mismo calendario que propuso en el Congreso hace unos meses Unidos Podemos. Su portavoz parlamentario en la materia, Josep Vendrell, ve un lado positivo en el acuerdo, que «por vez primera fija un horizonte de cierre ordenado», pero considera exagerada «una prórroga de casi 10 años».

Fuentes de Transición Ecológica sostienen que el cierre será «escalonado y ordenado» con el objetivo de «garantizar el suministro y la seguridad», que estará sujeta al cumplimiento de los requisitos que en su día establezca el Consejo de Seguridad Nuclear. Y es que con el acuerdo se ha puesto fin a las interminables discrepancias entre Iberdrola y Endesa, ésta última partidaria de prórrogas de 10 años y la primera defensora del cierre anticipado.