El Gobierno sigue adelante con sus planes de acabar con la mayoría de los recortes introducidos en la educación no universitaria por el Ejecutivo del PP, pese a que las comunidades gobernadas por este partido mostraron ayer su oposición a la introducción de cambios en las aulas sin compensación económica. Por ello abandonaron la reunión en la que la ministra les informó de los detalles del anteproyecto de ley que entrará en vigor el curso 2019-2020 y que derogará el real decreto de medidas urgentes de racionalización de gasto público.

En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé dar marcha atrás en tres medidas muy discutidas por la comunidad educativa: la posibilidad de elevar los ratios de alumnos por aula hasta un 20%, el incremento de la jornada lectiva hasta 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas y el plazo de diez días para que un profesor interino sustituya a un docente de baja. Algunas medidas ya se habían comenzado a revertir en algunas comunidades dado que, según justificó la ministra, Isabel Celaá, el «real decreto minó la educación» y vino «ligado a una coyuntura excepcional», la crisis, cuyas «circunstancias ya han desaparecido», por lo que se hace «imperativo restablecer la situación anterior». El PP expresó que compartían las medidas, pero abandonaron la reunión sectorial para expresar su disconformidad con las «formas».