El reciente fallecimiento de una anciana que tenía la luz cortada en Reus ha puesto en evidencia la falta de una estrategia conjunta en España para luchar contra la pobreza energética. Así lo piensa Endesa, que ha pedido este viernes al Gobierno una norma que defina qué personas se considera en situación de vulnerabilidad, fije cómo se financia la ayuda y coordine a los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que informen a las empresas de forma más ágil sobre la identidad de las familias beneficiarias.
"La falta de una reglamentación que realmente cuide todos los aspectos puede llevar en algunos momentos a lamentables sucesos", ha sostenido su consejero delegado, José Bogas. Según estimaciones de las eléctricas, hay entre 200.000 y 300.000 familias en situación de pobreza energética. Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado normas para evitar que se les corte la luz o el gas y han firmado acuerdos con las eléctricas para lograrlo (más de 120).
Las empresas, sin embargo, critican que los criterios y la forma de financiar estas ayudas es muy dispar, al tiempo que se producen errores en la coordinación con los servicios sociales. "Las continuas discusiones, descoordinaciones, protocolos, falta de disposiciones organizativas coherentes, la diferencia entre unas comunidades y otras, y las dificultades con el bono social no ayudan absolutamente a nada", ha argumentado Bogas en un acto del Club Español de la Energía.
REFORMA DEL BONO SOCIAL
El ejecutivo, así, ha pedido al Gobierno que reforme el bono social (rebaja del 25% en la factura para hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensionistas con la prestación mínima y viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios). El objetivo, ha explicado, debe ser que se conceda a las personas con una renta realmente baja identificada por los servicios sociales.
El bono social nació en el 2009 y sus perceptores han caído de tres millones en el 2010 a 2,4 millones pese a la crisis, en parte porque se han detectado beneficiarios que no cumplían los requisitos. Las eléctricas calculan que hay unos 500.000 perceptores injustificados y defienden que sacarlos del sistema liberaría recursos (en total les cuesta 180 millones de euros al año) para ayudar a quienes realmente lo necesitan, incluso permitiéndoles tener el servicio gratis. También mantiene que el coste no puede ser soportado solo por el sector, máxime tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que les daba la razón en ello.
RETRASO GUBERNAMENTAL
Bogas se ha mostrado convencido de que el Gobierno "es consciente" de que tiene que abordar el problema de la pobreza energética y del bono social. También ha apuntado que no se debería tener en cuenta solo la pobreza energética, sino también en otros campos como la vivienda y la enseñanza. "Creo que debería ser una norma homogénea para toda España, con las peculiaridades de cada territorio y con la colaboración de todos", ha insistido.
Endesa ya propuso una batería de medidas contra la pobreza energética el pasado abril. "La situación de interinidad del Gobierno durante este periodo ha impedido avanzar en algunas cosas. Parece que había otras prioridades políticas. Pero estoy seguro de que es una de las prioridades que tienen ahora encima de la mesa", ha señalado su número dos.
