Sus peores temores se han cumplido y temen perder la vivienda. A Esther Ferrando le redujeron la pensión de un día para otro y pasó de cobrar 395,60 euros a ingresar 98. Ocurrió el pasado mes de julio y tras publicar su caso en Levante-EMV, solicitar un abogado de oficio y presentar una reclamación en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Administración reconoce su error y asegura que le «devolverá» de forma íntegra los casi 400 euros que cobraba a partir del mes de octubre, además de los atrasos que no ha percibido por error. Ese acuerdo evita el juicio y la mujer volverá a cobra en octubre la Pensión No Contributiva (PNC) que cobraba desde 1996 tras sufrir un accidente.

Cuando Esther Ferrando y Vicente Casañ, su marido, explicaron a este diario las posibles consecuencias que les acarrearía la pérdida de 300 euros de ingresos no se equivocaban. Desde julio viven con el único ingreso de la pensión de Vicente, de 648,70 euros al mes, y no pudieron hacer frente al alquiler de 425 euros. «Desde julio no hemos podido pagar el alquiler, ni podremos hacerlo hasta octubre, cuando volvamos a recibir la pensión. No nos ha quedado otra opción, pero ahora tememos perder la vivienda porque la casera no es flexible ante los impagos y ya en agosto nos dijo que estudiaría medidas legales y que nos fuéramos buscando otra cosa», explica la pareja. Además, el contrato de alquiler finaliza en octubre.

El matrimonio sabe que, más pronto que tarde, tendrán que salir de la vivienda y no paran de buscar una alternativa habitacional que no encuentran. «Llevamos semanas buscando piso en el área metropolitana a ver si en algún municipio encontramos algo asequible, pero están los precios imposibles a una media de 550 y 600 euros. Y como solo encontramos inmobiliarias, pues nos piden además meses por adelantado y avales, que no tenemos. Nosotros vivimos al día. Ahorros no tenemos pero deudas, tampoco. Poco a poco hemos ido pagando lo que nos fían de buena fe para poder comer o comprar medicamentos porque, además, estamos enfermos», explican.

La pareja pidió cita en Servicios Sociales y se la dieron para el mes de diciembre. Sin embargo, les llamaron por teléfono y les adelantaron la cita. «Nos dijeron que podemos solicitar una vivienda social pero que, como pronto, tendríamos que esperar un año seguro y nosotros no tenemos ese tiempo», exponen desesperados.

Así que solo queda la súplica. «Ojalá alguien que tenga alguna propiedad nos la pueda alquilar a un precio asequible. Entre 300 y 400 euros podríamos asumir pero más no porque hay que pagar los suministros, la comida y los medicamentos», aclaran. Y es que, además, los dos están enfermos. Vicente tiene cáncer de próstata desde hace 5 años y Esther acumula una larga lista de enfermedades (pancriatiris, artistis, arritmias, enfermedad respiratoria crónica...) a la que se suma ahora «que el riñón no me filtra bien y me tienen que hacer más pruebas». A los dos, sus médicos les recomiendan una «buen alimentación». Ellos sonríen con ironía. «A mi marido le recomiendan salmón. ¿Cómo vamos a pagarlo? Y puede comer huevo pero sin yema. Nos fían en las tiendas del barrio y nos alimentamos los dos mal porque no podemos pagarnos los alimentos que no recomienda el médico. Vivir así es una agonía constante», explica Esther. Y se le saltan las lágrimas. «Ni butano tengo, estoy cocinando con el microondas», asegura.

Por eso piden ayuda. Porque ellos sabían que no podían pasar sin 300 euros al mes y a pesar de que la Administración ha enmendado el error, no encuentran solución.