Cuando el próximo noviembre, mandatarios de todo el mundo se reúnan en Glasgow (Reino Unido) para fijar los nuevos objetivos de la lucha contra el cambio climático para las décadas venideras, las calles llevarán más de dos años reclamando, semana tras semana, viernes tras viernes, acciones contundentes. Una vez más -y ya van muchas-, la ciudadanía ha tomado la delantera a la clase política en un asunto clave para el futuro del planeta: la emergencia climática.
A remolque de los jóvenes -algunos, muy jóvenes, como la celebérrima Greta Thunberg-, que se han puesto al frente de una reivindicación sobre la que la comunidad científica viene alertando de modo cada vez más acuciante, este 2020 debería ser también el año en el que todos (ciudadanos, gobiernos y empresas privadas) pasemos de una vez de las palabras a los hechos y empecemos a cambiar hábitos.
De la cumbre de Glasgow no deberían salir soluciones tibias, por mucho que las grandes potencias contaminantes se resistan. Tras el sabor agridulce que dejó la última cita del clima de Madrid, la Unión Europea, que se ha conferido el papel de líder mundial en este combate, deberá dar un paso decidido y ampliar la ambición climática. Para entonces, además, ya se sabrá si Donald Trump sigue siendo presidente de EEUU y por tanto con qué aliados cuenta esta causa.
De momento, parece que España está por la labor, aunque hasta ahora, más allá de las acciones que han adoptado algunos ayuntamientos, los avances han sido modestos. Un año sin Gobierno ha ralentizado todos los planes. En los próximos meses se debería, como mínimo, poner sobre la mesa una propuesta seria de reducción de emisiones, para cumplir con el objetivo europeo de neutralidad climática en el 2050.
La inacción política no solo limitó la lucha contra la emergencia climática en España durante el 2019. Todas las áreas sociales estuvieron lastradas, en mayor o menor medida, por esa especie de inercia que gobernó el país y castigó especialmente a la sanidad, la educación, las políticas migratorias, la financiación de los servicios sociales y de la ciencia… Y todo aquello que el año pasado se consideraba, en estas mismas páginas, una prioridad continúa igual en este arranque del 2020. Mientras unos y otros han malgastado meses discutiendo sobre cómo formar gobiernos o enfrentándose a cuenta del territorio, España alcanzó en junio el millar de mujeres muertas por la violencia machista desde que en el 2003 empezó el registro oficial de víctimas y sin que se avanzara ni un ápice en el despliegue de las 200 medidas previstas en el pacto de Estado aprobado en el 2017 para combatir esos crímenes. También siguió congelada la tan necesaria ley de protección a la infancia, que debía modificar los plazos de prescripción de los delitos de pederastia. Y lo mismo ocurrió con la regulación de la eutanasia y con la limitación de los alquileres para favorecer el acceso a la vivienda. Son todos ellos, deberes pendientes para el próximo Gobierno.
