La burbuja del alquiler provoca que muchos de los inquilinos que no pueden pagar la creciente factura o jóvenes que aspiran a emanciparse miren como una posible alternativa el arrendamiento social, pero a ese lado no hay nada o casi nada. La cuota de pisos bajo ese régimen es en España insignificante, un 2,5%, y está a años luz de la que ostentan los países más avanzados de la UE como Francia (17%), Holanda y Dinamarca (30%), el Reino Unido (17%) e incluso Irlanda (8%). Se trata de una anomalía que los expertos coinciden en considerar necesario reducir si se quiere garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.

España nunca ha dispuesto de un parque de viviendas de alquiler social potente porque siempre ha apostado por estimular el acceso a la propiedad, ya sea con ayudas fiscales a la compra, facilidades de financiación e incluso las viviendas de protección oficial o de promoción pública directa, que a la larga acaban llegando al mercado privado. Si en 1960 el alquiler social tenía en España un peso en el parque inmobiliario del 2%, casi 40 años después, en 1999, tenía exactamente el mismo porcentaje, que ha subido ligeramente al 2,5% en el pasado 2017, según el estudio comparativo más reciente entre países europeos, elaborado por Housin Europe, la federación europea de vivienda social pública y cooperativa.

En algunos países europeos, varias décadas de las políticas neoliberales que han ido socavando el Estado del bienestar y los hachazos presupuestarios causados por la crisis han acercado sus cifras a las españolas. El caso más llamativo es el de Alemania, donde el arrendamiento social llegó al 22% en 1970 pero que casi 50 años después ha caído al 3,5%.

Los expertos creen que un buen guarismo sería situarse en la media europea, que ronda el 11%. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca fija el objetivo de alcanzar el 20% en un plazo de 20 años en la proposición de ley que ha presentado en el Congreso.