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CRISIS CLIMÁTICA

España lidera el apagón mundial del carbón al cerrar plantas a un ritmo de vértigo

En un año dejarán de operar centrales del combustible más contaminate equivalentes a 12 reactores nucleares. La caída de la producción en 2019 ha llevado ya a mínimos históricos las emisiones de CO2 de la generación de luz

 

Central térmica de As Ponte, en A Coruña, el diciembre pasado. - EFE / KIKO DELGADO

MANUEL VILASERÓ
22/01/2020

Israel anunció en la pasada Cumbre de Clima de Madrid que sería, junto al Reino Unido, el primer país industrializado en abandonar la producción de eléctrica de carbón, tras la decisión de fijar para el 2025 el cierre de las últimas térmicas que utilizan este combustible, el que más emisiones de efecto invernadero produce. No contaba con que en España se estaba dando un acelerón que permitirá ejecutar el cerrojazo probablemente antes incluso de esa fecha, dando un gran paso adelante en la reducción de los gases causantes de la crisis climática.

"Quizás al final no seamos los que cerraremos antes que nadie todo el parque de carbón. En algún otro país europeo como Italia o Portugal, la situación del mercado está llevando también a las empresas a estudiar el adelanto de los calendarios, pero lo que es seguro es que nadie lo habrá hecho tan rápido", apuntan fuentes de la Administración. El retraso que supusieron los seis años del Ejecutivo de Rajoy, que paralizó las renovables y maniobró para aplazar los cierres del carbón explica en parte que aquí se haga en apenas dos años lo que Gran Bretaña o Italia habrán hecho en varios lustros.

DECISIONES EMPRESARIALES

El vertiginoso acelerón cuenta con el beneplácito del Gobierno pero no es el producto de ningún calendario de cierre como el que le venían reclamando con insistencia las entidades ecologistas. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dejó la puerta abierta a que un par de centrales siguieran abiertas más allá del 2030 y el anteproyecto de ley de Cambio Climático se limitó a establecer que en el 2050 toda la generación eléctrica sería renovable.

Ha sido la normativa comunitaria y la propia evolución del mercado, empujado por el impuesto indirecto al C02 que pagan las eléctricas a través del mercado de derechos de emisión, la que ha llevado a las principales compañías a dar un giro verde a su parque de generación apostando por las renovables.

Antes del próximo 31 de junio tienen que cerrar nueve de las 15 térmicas que existían a principios del 2019 por incumplir las normas ambientales de la UE. Las propietarias consideraron que no eran rentables las inversiones necesarias para ajustarse a los nuevos requisitos. Y las que sí han invertido se han arrepentido a la vista de lo ocurrido en el 2019.

EL PRECIO DEL GAS

El precio del mercado mayorista de gas se desplomó a la mitad el año pasado, mientras la tonelada de CO2 ha mantenido la alta cotización de los últimos años, rondando los 25 euros. El resultado ha sido que las térmicas de carbón apenas han operado porque no son rentables mientras las centrales de gas, con emisiones de CO2 más bajas y muy infrautilizadas hasta ahora, han rendido a tope.

La producción con carbón ha caído un 66% respecto al 2018, quedándose con una cuota mínima del 5% del conjunto de tecnologías, un nivel sin precedentes desde que hay registros. La térmica más grande, la de As Pontes (A Coruña), permanece inoperativa desde el pasado abril. Varios días durante el mes de diciembre ninguna central de carbón inyectó electricidad a la red.

El resultado más inmediato desde el punto de vista medioambiental ha sido una caída sin precedentes de las emisiones de CO2 del sector eléctrico: el 21% respecto al año pasado y el 33% respecto al 2017. Un giro que facilitará el cumplimiento de los objetivos climáticos de España. As Pontes lanzaba anualmente a la atmósfera el equivalente al dióxido de carbono de dos millones de coches.

INVERSIONES PERDIDAS

Endesa presentó a finales del año pasado la solicitud para cerrar también sus joyas de la corona, las plantas de As Pontes y Litoral (Almería), pese a que habían efectuado cuantiosas inversiones para adaptarse a la normativa.

La eléctrica de matriz italiana cimentó la petición en "una profunda modificación de la condiciones de mercado que a su juicio ha llevado a que las centrales hayan sufrido una importante falta de competitividad en la cobertura de la demanda de mercado".

El horizonte más probable es que hacia 2023/2024 no quede ninguna central. Si acaso podrían permanecer abiertas algunos años dos en Asturias y Mallorca y una tercera de gran tamaño, la de Los Barrios (Cádiz). En cualquier caso, se habrá producido la desaparición en menos de poco más de un año de 12 instalaciones con un potencia total de unos 12 Gwh, el equivalente a otros tantos reactores nucleares.

SIN INDEMNIZACIONES

El hecho de que hayan sido las propias empresas las que promuevan el cierre eximirá a España de indemnizarlas. Alemania confirmó el pasado jueves el cierre de todas las plantas el 2038, con la puerta abierta ha adelantarlo en el 2035, pero al dictar por ley el calendario pagará a las eléctricas afectadas 5.300 millones de euros.

El caso de Alemania es opuesto al de España. Tras el desastre de Fukushima su gobierno acordó clausurar el parque nuclear como máximo en el 2022, lo que ha provocado que se vea obligada a mantener o incluso aumentar su dependencia del carbón. Alrededor del 40% de la generación eléctrica se cocina con este combustible. Mientras en la mayoría de los países europeos cierran plantas, los alemanes abrirán incluso una nueva en Dormund. España, al revés que Alemania, ha acordado un cierre escalonado de las nucleares (no emiten CO2), que no culminaría hasta el 2035.

Los alemanes cuentan también con un carbón barato y de alta calidad, mientras que el precio del gas que les llega desde Rusia no se ha desplomado como en España. El problema del Gobierno alemán es que va a ser muy difícil que cumpla los objetivos climáticos asignados mientras un movimiento verde cada vez más potente lo reclama en las calles. De hecho, es te país es uno de los que más se opone a aumentar los compromisos de reducción de emisiones hasta el 50%, como ha propuesto la Comisión Europea en el marco del Pacto Verde (Green Deal).