El Estado español y las comunidades autónomas incumplen su obligación legal de proteger a los niños que llegan al país y priorizan su condición de inmigrantes irregulares sobre la de menores de edad. Justo al contrario de lo que debería ser. “No existe voluntad política ni tampoco personal especializado en infancia para identificar a los menores que se encuentran en peligro y darles la protección necesaria”. Este contundente rapapolvo se refleja en el informe anual de Save the Children que se difundió ayer jueves. Hay más: “No hay recursos suficientes y adecuados para atender” a este grupo social.
El trabajo Infancias invisibles trata de iluminar la situación en la que se encuentran tres colectivos de menores especialmente vulnerables: víctimas de trata, refugiados y niños extranjeros no acompañados en España. Los últimos datos de los que se tiene constancia son del 2014 debido a las dificultades para cuantificar a unas personas invisibles. Ese año fueron tutelados por el Estado 3.660 menores que habían llegado solos. La mayoría de Marruecos y Argelia.
El problema es especialmente sangrante para este colectivo porque, según Save the Children, “no todos los niños que llegan solos son tutelados, en muchas ocasiones el sistema los excluye y los abandona sin ninguna documentación a la que tienen derecho”.
A nivel europeo, la situación no es mucho mejor. El director general de la oenegé, Andrés Conde, ha recordado que Europol ha cuantificado en más de 10.000 la cifra de menores en paradero desconocido en Europa. Para Conde, “estamos en ante una crisis mundial con rostro de niño”.
Uno de los colectivos más invisibles son, según el citado informe, las niñas víctimas de tráfico de personas para la explotación sexual. H
