La negociación de un nuevo fondo de reconstrucción frente a la crisis provocada por el covid-19 entra en una fase clave. El jueves se reúnen de nuevo por videoconferencia los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para diseñar un nuevo instrumento que, superada la emergencia, ayude a reactivar la economía europea; una cita a la que el presidente Pedro Sánchez acudirá con su propia propuesta: un fondo de recuperación e inversiones capaz de movilizar entre 1 y 1,5 billones de euros que se financie con deuda perpetua de la UE, que empiece a funcionar el 1 de enero del 2021 y que esté disponible durante un periodo de dos o tres años.

El plan, que no menciona el uso de coronabonos, tóxicos para algunos países del norte de Europa como Holanda o Austria, señala que los instrumentos basados en el crédito son necesarios para afrontar las necesidades de liquidez a corto plazo, pero insiste en que la respuesta al covid-19 no debe limitarse a medidas que aumenten la deuda nacional. En este sentido, apuestan por un nuevo «fondo de recuperación económica» basado en transferencias o ayudas a los estados miembros para no aumentar los niveles de endeudamiento públicos. Para que este fondo tenga un impacto lo suficientemente «robusto», España entiende que necesitará una capacidad de fuego mínima que «la mayoría de expertos estima en el 1% del PIB de la UE», lo que significa una horquilla de entre 1 y 1,5 billones de euros.

Para llegar a este montante, España plantea financiar el fondo a través de deuda perpetua de la UE, que se beneficiaría de la triple A de la que gozan las instituciones europeas. Además, «el BCE deberá seguir jugando un papel clave para asegurar la estabilidad financiera a través de la liquidez y otras medidas» como el uso de los beneficios que obtiene con la emisión de moneda, señala el documento de apenas tres páginas, que sugiere que las transferencias a los Estados miembros se realizarán en función de una clave de reparto nacional, vinculada al impacto del covid-19, y sobre la base de indicadores «claros y transparentes» como el porcentaje de población afectada, la caída del PIB o el aumento de los niveles de desempleo.

El plan español aboga porque el pago de los intereses de la deuda perpetua se lleve a cabo a través de una nueva batería de tributos y recursos propios como podrían ser un impuesto transfronterizo al carbono, a las emisiones de CO2 o una tasa a la rentabilidad del mercado único. El fondo se basará en el Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027, cuya última negociación fracasó a finales de febrero por las discrepancias entre norte y sur.