Se cumplen tres años esta semana desde que el exprofesor del colegio Marista de Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, confesó a El Periódico de Catalunya que había agredido sexualmente a menores. Tres años en los que muchas víctimas han dejado atrás los sentimientos de humillación y han dado el paso de romper su silencio, revelando ante los medios su sufrimiento y cómo en la mayoría de los casos, este fue silenciado por parte de las autoridades eclesiásticas, la Administración o su entorno. Y en estos tres años, ni se ha puesto en marcha una comisión de la verdad por parte del Gobierno o la Iglesia, como ha sucedido en otros países asolados por el escándalo, ni se han dado órdenes precisas a la fiscalía de que investigue. Solo la confesión de Miguel Hurtado, que en enero desveló que el Monasterio de Monsterrat ocultó la violación que sufrió por parte del monje Andreu Soler, lo que ha desencadenado una aluvión de confesiones de otras víctimas, ha logrado que el Gobierno dé los primeros pasos para arrojar luz sobre el negro episodio del catolicismo.

CARTA DE LA MINISTRA // Los avances son todavía muy tímidos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió este jueves una carta a la Conferencia Episcopal en la que solicita a la Iglesia que le facilite las investigaciones llevadas a cabo, en la actualidad y en el pasado, sobre abusos y agresiones sexuales a menores. Las autoridades eclesiásticas se han negado, hasta ahora, a hacer públicos sus archivos o investigar a fondo, como sí han hecho la iglesia alemana o irlandesa, entre otras. Ante el aluvión de acusaciones, los obispos españoles tan solo crearon, el pasado octubre, una comisión destinada a actualizar sus protocolos de actuación.

El Código de Derecho Canónico sí exige a la Iglesia indagar cuando se tenga conocimiento, pero de manera interna, lo que ha provocado reacciones diversas, desde instituciones que pagaron, como el Monasterio de Montserrat a Hurtado para comprar su silencio, a otras que han movido de sitio al párroco acusado y, en el mejor de los casos, lo han apartado del contacto con los niños o expulsado de la institución.

La tardía voluntad del Ejecutivo choca con un muro hasta ahora infranqueable: la prescripción de los delitos, tanto de los abusos como el de ocultación. El Ejecutivo y los partidos políticos son conscientes de este problema y por ello, en cumplimiento del mandato del Congreso, el anteproyecto de protección a la infancia amplía 12 años el plazo de prescripción, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no a partir de los 18, como ocurre ahora. El cambio legal no tendrá efectos retroactivos, es decir, solo beneficiará a las víctimas que sufran violaciones a partir de que entre en vigor.