Esquerra Republicana ha presentado este jueves en la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para retrasar la prescripción de los delitos de abusos sexuales cometidos contra menores.
Además de alargar considerablemente el tiempo que se deja a las víctimas para presentar cargos, la proposición también contempla la creación de una partida presupuestaria para atender a las personas que han sufrido este tipo de violencia.
Incluye asimismo el compromiso de "impulsar las acciones" necesarias para que todas las organizaciones -"públicas y privadas"- que trabajan con menores de edad actúen decididamente para protegerlos de la violencia sexual y, sobre todo, "eviten el encubrimiento" de los agresores.
La diputada de Esquerra Ester Capella ha subrayado que a partir de este segundo punto "la idea" es trabajar para tomar las medidas necesarias -e incluso introducir cambios en el Código Penal- que aclaren que estas instituciones (religiosas, educativas, de ocio, deportivas…) son "responsables" de todo cuanto ocurra a los menores que tienen a su cargo y más aun en el caso de agresiones “tan graves” que pueden “marcar” a las personas para toda la vida.
EL MODELO ALEMÁN
Actualmente el Código Penal, cuya última reforma fecha del 2015, deja un margen de tiempo para denunciar estos delitos que comienza a contar a partir de los 18 años cumplidos por la víctima y se alarga -en los casos de las agresiones violentas y con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal- hasta poco más de los 30 años.
En el texto presentado por la diputadaCapella se argumenta que estudios como "Prevalence of childhood sexual abuse and timing of disclosure in a representive simple of adults from Quebec", publicado en el Canadian Journal of Psychiatry en el 2009, certifican que la mayoría de las víctimas de maltrato sexual infantil tardan una media de 21 años en revelar los abusos que sufrieron.
Sobre esta premisa, que tiene en cuenta "la relación de dependencia" que existe entre víctima y agresor o "el bloqueo psicológico" que provocan estos daños, la proposición pide que la ventana temporal que la víctima tiene para denunciar a su agresor se active a partir de que la primera haya cumplido los 30 años. Esta solución también ha sido la adoptada en Alemania para conciliar el acceso a la justicia de las víctimas -porque les deja "perseguir el delito cuando se adquiere consciencia de lo sucedido"- con la finalidad "resocializadora" que mueve la norma de la prescripción del delito.
Esta propuesta nace de un estudio impulsado por el conseller de Justícia, Carles Mundó, a raíz del Caso Maristas destapado por este diario, a través del que se ha constatado que la inmensa mayoría de las cuarenta denuncias presentadas por exalumnos contra doce docentes han tenido que archivarse por la prescripción de los delitos cometidos por estos enseñantes en la década de los años 70, 80, 90 y 2000.
En el texto entregado esta mañana, la formación política recuerda que estos delitos son los que causan mayor "alarma social". Porque los sufren personas vulnerables y porque actualmente la ley está favoreciendo una percepción generalizada de "impunidad" por parte de los agresores a causa, precisamente, de la prescripción de sus delitos.
