El 14 de junio unos cincuenta vecinos de Premià de Mar (Barcelona) asaltan violentamente la casa que ocupan cuatro jóvenes migrantes a quienes consideran autores de robos e incluso (sin pruebas) de una tentativa de agresión sexual en la población. El 20 de junio cinco ciudadanos retienen y golpean con furia a un joven migrante que acaba de robar la cadena de oro a una anciana en Santa Coloma de Gramenet. El mismo 20 de junio en Badalona otro joven migrante es retenido y agredido por vecinos después de intentar robar a un anciano que resultó herido en el asalto. El 22 junio, en Llançà (Girona), agentes de los Mossos d’Esquadra forman un cordón para proteger un domicilio ocupado por jóvenes (migrantes, de nuevo), a quienes los vecinos acusan de colarse en sus domicilios para robar.

Los alcaldes de estos municipios defienden a sus ciudadanos y aseguran que se trata de un problema de seguridad, no de xenofobia. Los Mossos no descartan que también existiera una motivación racista al menos en el caso de Premià (saldado con dos detenciones, de momento).

integración // Cuatro episodios alarmantes en nueve días protagonizados por ciudadanos que han decidido tomarse la justicia por su mano ante un fenómeno social del que incomoda hablar porque alimenta a la extrema derecha y porque conecta con un fracaso doble: jóvenes extutelados de origen extranjero que la Generalitat catalana no ha podido integrar y un sistema judicial incapaz, ahora que esos chicos son mayores de edad, de ser eficiente contra las ocupaciones ilegales o la reincidencia. Entre los vecinos movilizados -a veces presa de informaciones no contrastadas que circulan por redes sociales y grupos de mensajería electrónica- ha calado la percepción de que estos jóvenes actúan con total impunidad.

Desde los Mossos d’Esquadra hablan claro. «Las experiencias demuestran que [las patrullas ciuadadanas] no ayudan a la policía y que pueden provocar situaciones tensas y derivar incluso en incidentes graves. Ayudar a la policía, sí. Hacer de policía, no», insisten los Mossos.

Durante el 2017 y el 2018 llegaron a Cataluña en situación de desamparo 1.500 y 3.700 menores, respectivamente, procedentes casi todos de Marruecos. Fueron acogidos por la Generalitat. Más de la mitad de ellos ya han cumplido los 18 años. La mayoría son casos de integración social exitosa. Otros, forman parte del problema de seguridad al que aluden los alcaldes.