Un hombre que había sido pareja sentimental de la trabajadora de Iveco que se suicidó el fin de semana pasado tras difundirse un vídeo suyo de contenido sexual fue arrestado ayer tras entregarse voluntariamente en un cuartel de Mejorada del Campo (Madrid), y pocas horas después fue puesto en libertad sin cargos por el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares, encargado del caso. La jueza sigue investigando quién cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos relacionado con este suceso.

La mujer, de 32 años y madre de dos niños, se quitó la vida el sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años por quien entonces era su pareja se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa, en la que el hombre también trabajaba. La trabajadora, que comunicó a la compañía lo que le estaba ocurriendo, sin que esta tomara medida alguna para protegerla, acabó quitándose la vida llevada por la angustia y la ansiedad que le estaba provocando la situación.

Fuentes de la investigación confirmaron ayer que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana como se había apuntado inicialmente. La policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa ubicada en San Fernando de Henares. Ahora, el caso se ha judicializado y se investigarán posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

compañero // Otras fuentes próximas al caso ya señalaban a un compañero con el que la víctima tuvo una relación en el pasado como responsable del inicio de la difusión de ese vídeo. El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad, aunque la víctima diera en su día su consentimiento.

Fuentes cercanas a este caso informaron también de que no existe un único vídeo, sino que se trata de hasta cinco grabaciones de contenido íntimo cuya divulgación empezó desde «dentro de la propia empresa».

Según explicaron desde el sindicato CGT situado en la planta madrileña de Iveco, cuando se conoció la noticia, hace cinco años, la afectada se dirigió al departamento de Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación que estaba sufriendo. Desde este estamento le aconsejaron denunciar los hechos, pero ella rehusó hacerlo.