Los expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han advertido al Gobierno de que si se altera la zona sobre la que se asienta la plataforma del almacén de gas Castor y se extrae el gas o se volviera a inyectar, se correría el riesgo de que la falla de Amposta se rompiera y provocara un seísmo de alta intensidad.
Los investigadores han dejado negro sobre blanco, en el informe conocido este miércoles sobre la viabilidad futura del almacén de gas, que "la ruptura completa" de esta falla "podría provocar un terremoto de magnitud mayor o igual a 6,8", según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del informe.
LÍMITES DE OPERATIVIDAD
Los expertos del MIT también aseguran que "es extremadamente complicado definir límites de operatividad segura y fiable en términos de presiones, tasas o volúmenes de inyección" en las instalaciones situadas a 20 kilómetros de las costas de Vinaròs (Castellón) que actualmente está gestionando la empresa Enagas.
El MIT ha desarrollado un modelo de simulación que tiene en cuenta "la extracción e inyección de fluidos" y las posibles consecuencias en la deformación y cambios en la roca.
Dice el informe que, en caso de que se determine la reanudación de las operaciones de almacenamiento, recomienda que se despliegue unared de estaciones sísmicas en el fondo marino que estén "más cerca a la plataforma".
DECISIÓN DEFINITIVA
Esta son dos de las principales conclusiones de este informe, que es el tercer trabajo en la misma línea tras los elaborados previamente por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La investigación supondrá la base sobre la que el Gobierno adoptará la decisión definitiva sobre la instalación.
El Castor entró en hibernación preventiva hace cuatro años tras los terremotos que se produjeron en la zona durante los trabajos previos para que el almacén submarino pudiera empezar a recibir combustible. Como consecuencia, el Ejecutivo asumió una compensación de 1.350 millones de euros a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que acabarán pagando los contribuyentes -el sistema gasista- durante los próximos 30 años.
