Rafael Domínguez, el anciano de 90 años que iba a ser desahuciado de un piso en Sevilla tras dos años de impago del alquiler, falleció el pasado viernes después de unos días hospitalizado por sus problemas cardíacos y su negativa a ingerir alimentos a causa de una depresión. El abogado de oficio que les representa ha confirmado que ahora tanto la familia como el ayuntamiento hispalense trabajan para buscar un inmueble para su esposa Elvira, de 83 años, y cuya “situación de vulnerabilidades más aguda” al contar solo con la pensión de viudedad.
El matrimonio formado por Rafael y Elvira dio a conocer el pasado julio su precario futuro. Tras una etapa próspera como constructor, un proyecto fallido les dejó al borde de la quiebra y en manos de un prestamista privado, que acabó apropiándose de los dos pisos de la pareja. “Soy un víctima de la crisis del ladrillo”, explicó a este diario hace unas semanas. Desde hace un lustro vivían en un piso de alquiler en el barrio de Los Remedios, pero a causa del embargo de parte de su pensión por los impagos dejaron de pagar la renta hace dos años, acumulando una deuda de 12.500 euros. Subsistían gracias a que Cáritas les proporcionaba alimento y pagaba el recibo de la luz.
UNA VIVIENDA SOCIAL
Tras conocer su situación, y con la fecha de desahucio ya fijada para el pasado 28 de julio, el Ayuntamiento de Sevilla logró in extremis alcanzar un acuerdo con el propietario de la vivienda para obtener una prórroga de un mes en el que continuar la búsqueda de una vivienda para el matrimonio.
Pese a los problemas de corazón del hombre, la pareja había rechazado la posibilidad de irse a una residencia geriátricaal entender que perdían parte de su libertad, y abogaban por lograr una vivienda social o una ayuda al alquiler para, de paso, poder acoger a su hija y sus dos nietos, que se encuentran también en una situación precaria similar y a los que ayudaban con parte de la pensión.
La opción más complicada a ojos del consistorio, dado que el matrimonio -sin incluir a la hija y los nietos, de corta edad—no cumplía con los requisitos para una declaración de excepcionalidad que les diera acceso a una vivienda social pública.
DIFÍCIL SITUACIÓN
Según explican desde el bufete de abogados, que atienden a la pareja desde el turno de oficio, el fallecimiento de Rafael “no paraliza la búsqueda de una vivienda protegida para su esposa”. “Aún es más acuciante la reubicación de esta anciana en una nueva vivienda, impidiendo que se quede en la calle cuando transcurra el plazo de un mes del alzamiento del desahucio”, destacan los letrados.
Los abogados del matrimonio han explicado que prevén celebrar un nuevo encuentro con representantes de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), e insisten en que la “difícil situación económica y social” del matrimonio se agrava para la viuda, “que se enfrentará sola a la inminente mudanza y a los trámites ya de por sí complicados, que siguen a un fallecimiento”.
