Este domingo se ha cerrado en Madrid la Conferencia para el Clima, la COP25. Han sido dos semanas intensas de reuniones oficiales y actos paralelos que arrojan un saldo positivo: hemos demostrado la capacidad de nuestro país de organizar en un tiempo récord una gran conferencia internacional, hay una conciencia creciente y un fuerte compromiso internacional para abordar la transición ecológica.
El acuerdo 'Chile-Madrid Tiempo de Actuar' ha sentado las bases para que los países presenten en el 2020 compromisos más ambiciosos para luchar contra el cambio climático. Es urgente que se salve la brecha existente entre los compromisos actuales y el objetivo del Acuerdo de París de evitar un calentamiento superior a 1,5 grados.
Además, la semana pasada la Comisión Europea ha presentado su Green New Deal, una agenda verde que marcará todas las acciones durante los próximos años para tratar de encauzar el proceso de transformación de nuestro modelo productivo con la mirada puesta en que Europa sea la primera economía libre de emisiones en 2050.
Recorrer ese camino requerirá importantes inversiones. En el caso de la economía española, el Plan Nacional de Energía y Clima remitido a la UE el pasado mes de marzo estima unas necesidades de 236.000 millones de euros en los próximos diez años.
Las especificidades de las pymes
Una parte corresponde a inversiones públicas en infraestructuras, investigación, formación o incentivos a empresas y personas- pero está claro que el sector privado tiene un papel protagonista en este proceso de transformación, siendo especialmente importante atender a las especificidades de las pymes. Ante este reto, el sector financiero tiene una ocasión histórica para posicionarse como vector clave al canalizar los recursos hacia estas inversiones sostenibles, aprovechando una nueva oportunidad de negocio con demanda creciente y mejorando su reputación mediante el compromiso con la sostenibilidad medioambiental.
Son muchos los proyectos en marcha para impulsar el proceso: la UE ultima la elaboración de una taxonomía de actividades verdes, indispensable para proporcionar a los inversores un marco armonizado y seguro. También crece con fuerza el mercado de bonos verdes, como los que el pasado mes de abril lanzó por primera vez el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Tesoro prepara para 2020. Se está reforzando la transparencia empresarial en este terreno y las entidades financieras públicas y privadas van introduciendo criterios de sostenibilidad en sus decisiones, empezando por el sector asegurador, más experimentado en la valoración de los riesgos climáticos. Son múltiples las iniciativas para adaptar la política fiscal, tanto en su vertiente de gasto e inversión como en la del sistema impositivo, que tiene una incidencia importante desde el punto de vista de los incentivos pero también de los mecanismos de compensación para una transición justa.
Evidentemente, se trata de retos globales, que no pueden ser abordados desde una perspectiva exclusivamente nacional. Por eso es tan importante el liderazgo de la Unión Europea, plasmado en el ambicioso plan que la presidenta de la Comisión presentó hace unos días y con el que Europa acelerará su transición ecológica hacia una economía neutra en emisiones de dióxido de carbono en 2050 gracias a medidas como un Plan Europeo de Inversiones Sostenibles, un Mecanismo de Transición Justa y una ampliación del Sistema de Comercio de Emisiones.
En el ámbito de la financiación, será importante avanzar en las iniciativas tendentes a fortalecer el mercado de los bonos verdes, aumentar las inversiones sostenibles dentro del próximo presupuesto plurianual 2021-2027 y reforzar los mecanismos de apoyo a sectores y regiones para garantizar una transición justa.
A nivel global, es importante impulsar la implicación de los ministros de Economía y Hacienda en los foros donde se articula la acción climática y reforzar los instrumentos multilaterales de apoyo a los países en desarrollo, como el Fondo Verde del Clima, creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y al que España ha contribuido hace escasas semanas con 150 millones de euros.
Generación de empleo de calidad
La celebración estos días en Madrid de la Cumbre del Clima es una prueba inequívoca del compromiso decidido de este Gobierno con la adaptación y mitigación del cambio climático, apostando por una transición ecológica que puede aportar importantes oportunidades en términos de salud y bienestar pero también de innovación, eficiencia y generación de empleo de calidad en ámbitos como las energías renovables y el almacenamiento, la movilidad y el turismo sostenibles, el desarrollo de redes inteligentes, la eficiencia energética en la edificación o la economía circular.
Queda mucho por hacer y es urgente abordar la transición. En esa tarea es fundamental que colaboremos sector público y privado, tanto a nivel nacional como a escala internacional, empezando por el ámbito de la Unión Europea. El éxito de la transición ecológica dependerá de la ciencia y la financiación pero, sobre todo, de voluntad política y capacidad para acompañar la reconversión de todos los afectados para que nadie quede atrás.
Como dice el lema de la cumbre: Es el momento de actuar. Por inteligencia económica y, sobre todo, por responsabilidad intergeneracional.
