No se ha tratado de una fatalidad, sino de un error humano». Francesco Cozzi, fiscal de Génova, es perentorio cuando ofrece una primera versión oficial sobre el hundimiento de una parte del puente Morandi de la ciudad. Los 200 metros desplomados del tramo urbano de la autopista de peaje A10 habían causado hasta ayer 42 muertos, 16 heridos, la mayoría de ellos graves, y un número indeterminado de desaparecidos, que podrían ser 10. Otras 650 personas han tenido que ser desalojadas por un periodo que puede alargarse algunos años de los 11 edificios que se levantan justo debajo del puente. El Gobierno decretó el estado de emergencia en Génova y los alrededores durante 12 meses.

La labor de búsqueda de las víctimas y retirada de escombros prosigue de forma intermitente, ya que el pilón que quedó en pie amenaza con derrumbarse, según han explicado los bomberos. El magistrado Cozzi resume su labor judicial en una sola pregunta: «¿Por qué ha sucedido? Tenemos que responder a esto». Sin embargo, el Gobierno populista de Roma se ha adelantado a las investigaciones, anunciando su intención de retirar la concesión a Autostrade SA, la concesionaria de la autopista, y de imponerle una multa de 150 millones, aunque es probable que no suceda nada hasta que haya una primera sentencia. El primer ministro, Giuseppe Conte, avanzó no obstante que no esperarán a ningún fallo judicial: «Revocaremos la concesión a Austostrade. No podemos esperar a la justicia».

Luigi Di Maio, vicepresidente del Gobierno por los indignados del Movimiento 5 Estrellas, afirmó que «los responsables son Autostrade», acusando a la concesionaria de «no haber hecho el mantenimiento», por lo que «antes que nada los directivos tienen que dimitir». «La abrogación de las concesiones es lo mínimo que pueda esperarse», soltó Matteo Salvini, también vicepresidente, por la Liga, del Ejecutivo de Roma, incidiendo en otro aspecto: «Dado que existe un particular que sobre aquel puente ha ingresado centenares de millones de euros sin hacer lo que debía, este particular tiene que dejar de administrar aquella autopista y resarcir a los italianos».

En Italia hay 6.000 kilómetros de autopistas de pago en concesión, 3.000 de ellos en manos de Atlantia (con otros 2.000 km en otros países). Este septiembre la sociedad, cuyo primer accionista es Benetton (30,2%), debería ultimar la compra de la española Abertis. En el 2017, Atlantia ingresó 5.900 millones, 2.900 millones en lo que va de año, mientras que ha realizado inversiones por valor de 377 millones.

A las acusaciones del Ejecutivo, Autostrade responde que «el viaducto era controlado trimestralmente y con comprobaciones suplementarias realizadas por empresas e institutos líderes en el mundo» y que el análisis ha sido siempre de «resultados tranquilizadores y adecuados». Sin embargo, gracias a la documentación aportada por la concesionaria en otro asunto judicial, la situación podría ser distinta.

DEGRADACIÓN

En el 2009, Autostrade SA garantizaba que el puente «necesita solo de un constante mantenimiento ordinario». Pero dos años después la misma concesionaria reconoció que el puente «era sometido a una intensa degradación», por lo que «desde hace años es objeto de un mantenimiento continuo». El mismo año, la sociedad tomó en consideración, en el contexto de varias preguntas del Parlamento, la demolición del viaducto. El martes, día del hundimiento del puente, el título de la concesionaria perdió el 5,3%, equivalente a 1.100 millones de euros.

Mientras, la ciudad sigue en shock, igual que los supervivientes. Como Luigi, de 38 años, cuyo furgón se encuentra todavía allí, motor en marcha, a un metro del abismo. «Había disminuido la velocidad a causa de un coche que me adelantaba y le vi desaparecer ante mi. Clavé la furgoneta y corrí». Vive de milagro.