La vuelta al colegio de los niños y la posibilidad de que algunos padres de evitar llevarlos por miedo al contagio por el coronavirus ha abierto un debate jurídico sobre si los progenitores pueden o no ser perseguidos por la justicia por esta actuación. Es decir, si se les imputaría o no un delito, que acarreará penas de prisión o la retirada de la patria potestad. La Fiscalía General del Estado ha unificado los criterios sobre el modo de actuar y anunció ayer que investigará los casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aún temporal, del deber de asistencia presencial en el centro docente. El objetivo será aclarar si los padres o tutores han infringido los deberes inherentes a la patria potestad. La fiscalía recuerda que entre los 6 y 16 años persiste la obligación legal de escolarización y que los gobiernos de las comunidades autónomas han fijado las líneas para que la vuelta al colegio sea segura. J.G.A.
