La Fiscalía de Barcelona alerta en su memoria anual del aumento a raíz de la crisis económica de casos de expolio económico y patrimonial de gente mayor vulnerable por parte de familiares o amigos. El servicio que se encarga de estos temas han detectado que estas situaciones se están produciendo con “frecuencia” y evitarlas es “harto difícil” si no se acredita que la víctima sufre una patología mental o demencia. También reprocha la actuación de algunos notarios que incumplen su obligación de comunicar al fiscal una situación de incapacidad advertida en el ejercicio de su función o que, incluso, permiten operaciones con personas declaras judicialmente incapaces.
La memoria del 2015 destaca que muchas personas mayores “sobreviven” con una "exiguas" pensiones y que la situación de la crisis les ha obligado a hacerse cargo del mantenimiento de sus hijos o nietos. La fiscalía ha detectado que “en muchas ocasiones” estos familiares, aprovechándose de que sus progenitores les habían hecho figurar con firma autorizada en sus cuentas bancarias, protagonizan “abusos” o “auténticos expolios” en las libretas de ahorro, dejando a la víctima “en una situación de auténtico desamparo”.
IMPAGO DE LA RESIDENCIA
El informe precisa que hay casos que salen a la luz cuando la residencia en la que se encuentra ingresada la persona mayor ve desatendido el pago de la estancia por falta de fondos, pues un familiar ha sacado el dinero de la cuenta el mismo día en que el anciano recibe la pensión. La fiscalía detalla que estas situaciones podrían estar "en fase de ser evitadas" gracias a la modificación del Código Penal del 2015 que abre la posibilidad de que los parientes sean condenados si han abusado “de la vulnerabilidad de la víctima", tanto por razón de edad como de discapacidad.
