Las investigaciones penales abiertas por las muertes de ancianos en las residencias ascienden a 109, según los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado. A ellas hay que sumar 12 procedimientos abiertos en los juzgados. En Cataluña contabilizan 24 diligencias penales en cursos, mientras en Madrid las pesquisas penales son 42, sin contar las cinco causas en manos de los jueces.
En total, las diligencias preprocesales civiles de protección de personas vulnerables suman 165: cuatro se han abierto en Madrid y 78 en Cataluña. Las residencias de mayores en España se han convertido en los últimos años en objeto preciado de grandes inversores. La crisis del coronavirus ha dejado en evidencia las carencias de muchas instituciones y ha elevado las dudas sobre la conveniencia de que el 60% de los geriátricos estén en manos privadas. El número de camas en proyecto a finales del año pasado triplicaba las previstas hace tres ejercicios. La elevada mortalidad durante la pandemia puede afectar esos planes y elevar las exigencias técnicas a los promotores por parte de la Administración.
RENTABILIDAD // Pese a ello, estos centros seguirán siendo un instrumento de inversión atractivo en un contexto de tipos de interés bajos y futuro sembrado de clientes por el alza de la esperanza de vida. La rentabilidad de una residencia de ancianos ronda el 20% de facturación, según especialistas de La Central del Negocio.
