La Unió de Periodistes y À Punt se vieron ayer por la mañana las caras en la Audiencia Nacional por el juicio sobre el baremo de las bolsas de empleo de la radiotelevisión pública, que la asociación llevó a juicio al considerar que no atendían a los principios de igualdad entre los extrabajadores de Canal 9 y los que nunca formaron parte de la plantilla.
En el juicio, el fiscal, que era la primera vez que atendía esta causa, consideró que no hay «discriminación» en el baremo en contra del criterio de su anterior homólogo, que veía un agravio para los profesionales del sector.
El fiscal solicitó, además, desestimar la causa judicial en la Audiencia al entender que la diferencia de puntuación «no es tan desproporcionada» como para vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Así, el Ministerio Público asume la tesis de la Abogacía de la Generalitat, que defiende a À Punt en la querella interpuesta por la Unió de Periodistes. En este sentido, el letrado del Consell, defiende al ente asegurando que es una sociedad anónima, es decir, una sociedad mercantil y no administración pública, por lo que no tiene la obligación de regirse por las normas de acceso a la función pública, y menos siendo contrataciones temporales.
