La fiscalía ha decidido hacer frente a las aplicaciones y webs como Social Drive o Waze que avisan de la ubicación de los controles policiales. Dos semanas después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) propusiera la ilegalización de estas prácticas, el fiscal de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, se ha sumado a la ofensiva remitiendo un oficio a todos los cuerpos policiales en el que les pide recaben información sobre el modus operandi de las apps y de como entorpecen su labor. Se trata de investigar, por una parte, si llevan a cabo alguna actividad prohibida por la actual legislación, y por otra de tener los datos suficientes para elaborar una propuesta de ilegalización que la Fiscalía General incluiría en su memoria anual.
Aunque esperará a recibir toda la información para pronunciarse, el equipo de Vargas ya trabaja en la reforma legislativa que se podría introducir "a través de la ley de Seguridad Ciudadana o de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial", ha señalado en la rueda de prensa donde ha explicado el contenido del oficio.
REVELACIÓN DE SECRETOS
Las apps podrían estar vulnerando la actual legislación si sus fuentes de información no son solo las de conductores que avisan de lo que ven en la carretera. Esto sí es legal actualmente. Pero si ofrecen el itinerario que va a llevar a cabo alguna dotación de la Guardia Civil, por ejemplo, estarían cometiendo un delito de revelación de secretos. No sería la primera vez que se condena a aluna web por este tipo penal.
El valor de que la Fiscalía se sume a la ofensiva de la DGT radica en que la propuesta de esta última la ha formulado su actual director, Pere Navarro. Si éste no siguiera en el cargo tras las elecciones, la continuidad de la propuesta dependería la decisión de su sucesor, así como la del futuro titular del Ministerio del Interior del que depende la DGT. La continuidad del Fiscal de Sala no está en cambio al albur de los aconecimientos políticos. Vargas lleva en el cargo 12 años y medio.
En el oficio remitido las policías, el fiscal advierte que con los avisos de los controles de alcohol y droga "se frustran en gran medida sus finalidades preventivas y se produce una perturbación relevante en las estrategias para atajar la siniestralidad". También ha destacado que los avisos "obligan a las policías a establecer controles itinerantes o en lugares de escaso tráfico o de corta duración" para hacerse invisibles a las apps.
TRAFICANTES O TERRORISTAS
Como ya pusieron de relieve las organizaciones que primero pidieron la prohibición de los chivatazos, estos también estos también ponen en peligro el oficio denuncia que "actuaciones de agentes dirigidas al a investigación o persecución de otras formas delictivas de mayor gravedad como el tráfico de drogas o actividades terroristas".
Varios cuerpos policiales llevaban alertando contra las chivatazos como mínimo desde el año 2012 sin que ninga Administración reaccionaria hasta que la campaña empredida por la Asociación Pro Guardia Civil (Aprog) y la plataforma Creando Seguridad, integrada por todo tipo de estamentos y asociaciones, han llevado a la DGT y ahora la fiscalía a tomar cartas en el asunto.
Durante su comparecencia, Vargas se ha mostrado "muy preocupado" porque en los últimos años no se ha logrado que las cifras de siniestralidad bajen y atribuye parte del estancamiento a este tipo de actividades.
