Las administraciones --la central, a través del Ministerio de Fomento, y la autonómica catalana, por medio de las conselleries de Empresa y la de Territori-- dudan de que Vueling pueda cumplir con los compromisos asumidos para la campaña de verano. Es decir que tenga una estructura suficiente para afrontar la grave situación de cancelaciones y retrasos en la que se ve inmersa la compañía aérea del grupo IAG. Han exigido a la compañía que den a conocer los medios con los que cuenta para cumplir esos compromisos y amenazan con sanciones dentro de las competencias de administración.
Mientras que la ministra Ana Pastor ha pedido al presidente de la compañía, Javier Sánchez-Prieto, un plan de contingencia para hacer frente a la situación, la Generalitat de Cataluña ha creado una comisión de seguimiento para comprobar que los planes anunciados se llevan a cabo. Vueling tiene que presentar hoy a Fomento ese plan de contingencia en el que especifique los vuelos previstos y los medios materiales (aviones) y humanos (pilotos y personal de tierra) para realizarlos durante los meses de verano.
En el encuentro, el ministerio mostró su “preocupación” ante el despliegue de los planes que tiene la aerolínea, aunque “tenemos plena confianza de que se van a tomar en serio”, ha dicho Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes. Y la preocupación coincide con la de la Generalitat de catalana, que ha pedido a la compañía que asegure los vuelos vendidos y anule los que no pueda cumplir. La sospecha del Gobierno catalán, tras la reunión mantenida ayer en Barcelona, con los responsables estrategia y comercial, Fernando Estrada y David García, es que la situación de fondo es preocupante. Vueling insiste en que el problema es consecuencia de la huelga de controladores en Francia de hace una semana. Los trabajadores, sin embargo, consideran que la compañía se ha empeñado en una “sobreexplotación de los recursos”, según el presidente del comité de empresa, Juan Valdés. H
