La terapia de grupo busca la liberación de un problema para, de manera compartida, tratar de alcanzar una solución. Hacen falta esfuerzo y ganas para superar ese bache. Y se puede salir, o no. Pero la cosa cambia cuando el dolor procede de un lugar que no se puede controlar. Así se han sentido este viernes en Barcelona una treintena de técnicos municipales de 26 ciudades españolas que han debatido sobre la política estatal en materia de refugiados. Quieren que el Gobierno les traspase competencias de acogida de demandantes de asilo, y por eso han aprobado un manifiesto en esa dirección. Insisten, como vienen haciendo desde hace dos años, que son las ciudades las que viven la realidad, el drama, las necesidades y las tragedias de los refugiados, y que deberían ser ellas las que gestionen parte de los fondos europeos destinados a abordar esta emergencia social (330 millones de euros, en el caso de España).

Ha sido una jornada muy poco política, cosa que ha permitido que las conferencias y talleres fueran al grano, sin tapujos, sin pelos en la lengua, sin florituras, sin promesas. Puede que hasta la fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy pudiera escudarse en que esto eran cosas de Ada Colau y Manuela Carmena. Ahora, con la declaración firmada por estos 26 municipios, esta es una batalla con muchos colores: los del PSOE, los de Podemos, los de Barcelona en Comú, los de ERC, los del PDECat, los de la CUP, los de Marea, los de València en Comú e incluso los del PP, puesto que Málaga, donde gobiernan los conservadores, también se ha adherido a esta oleada municipalista.

UN FENOMENO QUE CRECE

Se apoyan, sobre todo, en las cifras. Las solicitudes de asilo en España, aun estando muy lejos de otros países como Francia, Inglaterra y Alemania,se han multiplicado por cuatro en los últimos tres años (de unas 4.000 a unas 16.000). En Barcelona, el número de usuarios del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) ha pasado de 304 en el 2012 a 2.292 en el 2016. Y el gasto del consistorio de la capital catalana en pensiones y hoteles para situaciones de emergencia se cerrará este año en 1,4 millones frente a los 91.000 euros del 2013. El dinero no es lo primero, como es obvio, pero los municipios no quieren asumir un gasto social que, a su modo de ver, es responsabilid del Estado. “¿Deberíamos pasarle la factura a la delegación del Gobierno?”, ha bromeado uno de los ponentes. En el manifiesto exigen "la previsión de un mecanismo para cofinanciar los costes".

Pero el número que todos tienen en mente es el del compromiso que España adquirió ante la Unión Europea en el 2015: el de acoger a 17.337 personas (15.888 de reubicación y 1.449 de reasentamiento). A día de hoy, han llegado a territorio nacional 1.304solicitantes de protección internacional, el 7,5% del total. Si se mantiene este ritmo, habrán llegado todos más allá del 2050, pero no podrá ser porque Europa puso como tope el 25 de septiembre de este año. Así que las autoridades no tienen 30 años, sino tres meses. El mismo día que vence el plazo comunitario, las 26 ciudades tienen previsto viajar a Madrid para reunirse con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es quien manda en materia de acogida de refugiados.

Solicitarán el encuentro demanera oficial, y esperan que sea bajo el amparo de laFederación Española de Municipios y Provincias(FEMP). Siempre que los consistorios han queridointerpelar a Madrid, el Ejecutivo les ha pedido vehicular sus demandas a través de este organismo. Pero se da la circunstancia de que la FEMP no parece muy dispuesta. Estaba invitada a la jornada de este viernes en Barcelona, pero no han podido venir “por problemas de agenda”, según informaron a los organizadores. Así las cosas, la red de ciudades, que espera poder ampliarse en las próximas semanas, instará a la FEMP a que les acompañe al ministerio. Y si no responden o alegan un calendario apretadísimo, las ciudades irán solas. Rocío Fraga, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de A Coruña, lo ha resumido así: “El Estado nos manda siempre a la FEMP, pero si la federación no nos responde o entorpece el camino, que se quiten del medio”.

Insisten los técnicos en que las ciudades siguen recibiendo a muchos solicitantes de asilo que llegan al municipio por su propio pie. Vienen a decir que el perfil más mediático, el refugiado sirio que huye de una cruenta guerra, tapa la realidad que han vivido siempre las urbes. Todos esos venezolanos, hondureños o ucranianosque no abren informativos pero que blanden razones tanto o más válidas que cualquier otro solicitante de protección internacional. Todos ellos, ha explicado el responsable del SAIER, Ramon Sanahuja, viven “situaciones de exclusión por culpa de un programa de acogida rígido y muy poco flexible”.

València, Sevilla, Valladolid, Granada, Zaragoza, Madrid, Sant Boi, Manresa, Cádiz, Córdoba o Barcelona han coincidido en el listado de cosas a mejorar. Todo empieza con la comunicación. “Nos sentimosbastante solos y ninguneados por el Gobierno. No se nos facilita ninguna información -ha lamentado una concejala de Granada-, y la que tenemos la conseguimos gracias a las oenegés. Tenemos que plantar cara porque si no lo hacemos, todas estas personas acabarán entrando en nuestros servicios sociales". Eso es lo que sucede cuando el solicitante de asilo agota todas las ayudas del Estado. Ya no digamos si se le deniega la solicitud: de la noche a la mañana pasa a convertirse en un inmigrante irregular.

La lacra de la vivienda, ampliada

La acogida de refugiados pasa por disponer de una buena red de albergues para poder acomodarlos. Pero esta es una alternativa que los expertos solo recomiendan para los primeros días o semanas, a lo sumo. Después, si se quiere que sea una persona o una familia autónoma, debe disponer de un piso. Si para un trabajador ya resulta muy complicado hallar un piso en las grandes ciudades, la cosa se complica mucho, muchísimo, cuando se trata de solicitantes de asilo que reciben una ayuda mensual de unos 400 euros. "Es imposible que puedan pagar un vivienda con ese dinero", ha señalado Ramón Sanahuja, responsable del SAIER, que ha instado al Gobierno a entregar las dotaciones económicas en función del lugar de destino. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, dispone de 80 plazas, a todas luces insuficientes para dar cobertura a la demanda. Madrid cuenta con unas 550. Cada municipio ha ido aportando su experiencia, con el denominador común de lo difícil que resulta dotarles de un piso digno. Edificios de la iglesia, cooperativas, el banco malo, entidades financieras..., los municipios arañan pisos de donde pueden. Pero no basta.