Un depósito y 72 kilómetros de gasoducto en las puertas del parque de Doñana. Ese el Proyecto Marisma que Gas Natural Fenosa ha iniciado con una inversión de 200 millones de euros y la bendición del Ejecutivo español, que avala su declaración de impacto ambiental y lo cataloga como de utilidad pública. Sin embargo, las asociaciones ecologistas han salido en tromba para tratar de parar el proyecto por cualquier vía al entender que agrava la situación de riesgo del mayor humedal de Europa. Y creen que Doñana pone sobre la mesa el debate acerca de si la sociedad española realmente ha interiorizado y asumido la conciencia ecológica y los riesgos que supone el cambio climático. De terminar el caso en los tribunales, ¿debe prevalecer la utilidad de gas como energía o la protección medioambiental?
Quien lanza la cuestión es Juan José Carmona, portavoz de WWF, una de las asociaciones conservacionistas pioneras en el parque onubense y en pie de guerra contra el proyecto junto a media docena de asociaciones. “¿Vas a extraer gas del parque y producir más CO2 para empeorar el cambio climático que ya tiene efectos probados sobre el parque?”, se pregunta Carmona. “Si no tenía bastante peligro Doñana con el cambio climático debido a los combustibles fósiles, ahora le toca sufrir sus impactos directamente por la actividad gasista en su entorno y en su subsuelo”, reprocha a su vez José Luis García, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.
RIESGO SÍSMICO
La idea de Gas Natural Fenosa es reutilizar una explotación que dejó de usarse hace tres décadas, ampliando en 22 kilómetros la red ya existente de 50 kilómetros de gasoducto. La compañía energética quiere sondear y explotar siete nuevos pozos para producir los 8.000 GWh que aún quedan almacenados en el subsuelo, y rellenar más tarde ese espacio subterráneo con gas procedente de África para usarlo como almacén. Una acción que, advierten los ecologistas, conlleva riesgos sísmicos en la zona por los cambios de presión para mover y encerrar el gas, como ya ocurrió con el almacén de gasCastor, frente a las costas de Castellón.
Este riesgo sísmico se une a problemas endémicos del parque, como la proliferación de pozos ilegales para el cultivo intensivo de fresa. O el impacto negativo de proyectos de como el dragado del río Guadalquivir para permitir barcos de mayor calado en el puerto de Sevilla. O la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la misma que provocó el vertido de lodos tóxicos en 1998. La Unesco ya hizo en 2015 una serie de recomendaciones para pararlos o minimizar su impacto, evitando así que el parque pase a engrosar el listado de Patrimonio de la Humanidad en situación de riesgo. El Estado español remitió a comienzos de mes un informe desgranando el cumplimiento de esas recomendaciones y asegurando que el espacio natural mantiene vivos los valores que lo han convertido en un santuario medioambiental.
RECHAZO AUTONÓMICO
Entre esas recomendaciones se pedía una evaluación medioambiental conjunta del proyecto gasístico, ubicado a tan solo 200 metros del parque natural y a dos kilómetros del parque nacional, que fue troceado en cuatro partes en función de la diferente catalogación medioambiental de cada zona para agilizar los permisos: Aznalcázar, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Saladillo. Todos ellos cuentan con la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable del Gobierno, aunque para arrancar necesitan también una autorización de la Junta de Andalucía. De momento, la Administración regional ha denegado la fase de Marisma Oriental, lo que paraliza temporalmente también Aznalcázar, y espera a que la autoridad del parque se pronuncie sobre Saladillo. Solo Marisma Occidental cuenta con los parabienes administrativos, de ahí que haya empezado los trabajos hace unas semanas entre protestas de voluntarios de Greenpeace.
El Gobierno andaluz se opone a la explotación, aunque la oposición le acusa de haber concedido las autorizaciones porque en el consejo de Gas Natural se sentaba entonces el también socialista Felipe González. La Junta alega que lo contrario hubiera sido prevaricación. Como única vía para pararlo solicitó en el 2014 la paralización de los expedientes para que se tuviera en cuenta el impacto acumulativo de los proyectos, lo que le ha valido una reclamación por responsabilidad patrimonial de 359 millones de euros, ya que la empresa asegura que cumplen con toda la normativa y que los estudios realizados no constatan ninguna afectación al entorno de Doñana.
