El Gobierno perfila la creación de un ingreso mínimo vital para blindar a aquellas personas o familias que carezcan de rentas suficientes debido al impacto de la crisis del coronavirus. Así lo anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa. «El Gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital», afirmó el ministro, sin dar, no obstante, detalles sobre la cuantía, los requisitos, la extensión ni la dotación económica del mismo. Sí confirmó que el Ejecutivo trabaja en dicha dirección para minimizar el impacto económico del covid-19 entre los más vulnerables y que próximamente presentarán un proyecto a este respecto.

Desde Unidas Podemos se ha insistido en las últimas semanas en incorporar un ingreso mínimo vital como parte de ese «escudo social» que el Gobierno ha ido desplegando por fases. El responsable de la Seguridad Social se refirió ayer por primera vez a esta prestación en el contexto de la pandemia. Pedro Sánchez estaba determinado a convertirla en la medida estrella de la legislatura antes de estallar la crisis sanitaria. La intención era comenzar con una prestación para familias vulnerables con hijo a cargo. En los Presupuestos que el Gobierno iba a presentar para el 2020, Sánchez quería incluir una partida de 3.400 millones de euros para sufragar el primer paso.

colectivos // A falta de conocer los detalles sobre la nueva prestación, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, señaló el lunes a tres colectivos vulnerables como destinatarios de nuevas ayudas: trabajadoras del hogar, cuidadoras de personas dependientes y parados que hayan agotado su derecho a prestación. Además, Calviño también añadió ayer a determinados colectivos de inquilinos en esa cesta y anunció que el Gobierno estudia asimismo algún tipo de medida para aquellos con mayores dificultades para pagar el alquiler, pero no concretó más.

La vicepresidenta apuntó y Escrivá confirmó ayer por dónde irán los tiros de ese nuevo blindaje. Aunque sin concretar del todo el cómo, es decir, si será a través de un ingreso mínimo vital en sentido amplio o mediante prestaciones específicas para los diferentes colectivos vulnerables.

Lo que sí reconoció Escrivá es que el Gobierno también prepara una especial cobertura para las trabajadoras del hogar. Este colectivo, que oficialmente suma en alta en la Seguridad Social a casi 400.000 trabajadores, carece de derecho a prestación por desempleo en caso de despido. Eminentemente feminizado, hasta ahora había sido uno de los principales olvidados en los paquetes de medidas económicas.

Para este colectivo, el Ministerio de Trabajo estudia una prestación que cubra hasta el 70% de la base reguladora, lo que le asimilaría al régimen general de la Seguridad Social. Todavía no hay una memoria económica sobre el coste de la medida.