L a sección de la Abogacía del Estado que atiende asuntos de la Delegación del Gobierno en Madrid está analizando desde ayer lo ocurrido en la manifestación negacionista que, incumpliendo todas las recomendaciones de seguridad, se celebró el domingo en la plaza de Colón de la capital española. El acto congregó a unas 2.000 personas, casi todas sin mascarilla.
Los abogados del Estado valoran posibles delitos cometidos durante la concentración que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, calificó de «aquelarre de irresponsabilidad absoluta». La vía de los delitos contra la salud pública o la seguridad colectiva, por no haber comercio o propaganda de sustancias en el caso ni tampoco estragos acreditables, se presenta como menos transitable por la Delegación que la de la desobediencia, pues, aseguran esas fuentes, los organizadores de la concentración de personas críticas con las medidas de protección frente a la pandemia del coronavirus han mentido en las características y el sentido del acto que comunicaron a Interior a la hora de pedir permiso.
El trabajo de los abogados gira ahora en torno a las más de 30 propuestas de sanción que la Policía Nacional tramitó el domingo durante la manifestación. Una parte no cuantificada de ellas son por resistencia cuando los agentes de policía requerían la documentación a los manifestantes. En todos los casos, la acción policial se inició contra personas que no llevaban mascarilla o que, en grupos, incumplían la normativa autonómica de distanciamiento social.
