Tenía que llegar, antes o después, el momento de adoptar medidas drásticas, también en España, contra la expansión del temido coronavirus. El mismo día en que el Gobierno mostraba ayer su rostro más grave y daba los primeros detalles de su plan de choque para tratar de paliar el impacto de la epidemia, València anunciaba la cancelación hasta nueva fecha de las populares fiestas de las Fallas, Castellón las de la Magdalena y Málaga aplazaba su reputado festival de cine y los clubs deportivos veían confirmado algo que llevaban días temiendo: que todos los encuentros van a ser, al menos durante las dos próximas semanas, a puerta cerrada. Todo ello, apenas a unas horas de que Madrid ponga en marcha, hoy, el decreto por el que las clases (desde la etapa de infantil hasta la universidad) quedan suspendidas también durante 15 días.

El escenario que se avecina es preocupante, avisó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera comparecencia pública desde que se inició la crisis. El socialista anunció nuevas iniciativas (respecto a la economía, el transporte y la celebración de actos multitudinarios) e hizo un llamamiento en contra de caer en el «alarmismo». Un estado de ánimo que ya se empieza a palpar en algunos supermercados, donde no resulta raro ver estantes vacíos debido al miedo ciudadano al desabastecimiento.

«Vamos a tener semanas duras, difíciles. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos superaremos esta crisis», dijo Sánchez tras participar en un Consejo Europeo extraordinario por videconferencia para abordar el impacto del virus y en el que se acordó que la UE aportará 25.000 millones.

DOS FRENTES / El Gobierno español se mueve en dos frentes. El sanitario, un ámbito en el que se siguen en todo momento las «recomendaciones científicas», con medidas de contención como suspender los grandes actos en las zonas de riesgo, los vuelos directos desde Italia a España y los viajes del Imserso. Y el económico. Aquí las consecuencias de esta crisis son todavía inciertas, ya que dependerán mucho de cómo evolucione el virus, pero la Moncloa teme su impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en los trabajadores.

Sánchez dio pistas sobre el «plan de choque económico» que abordará mañana el Ejecutivo. Facilitarán la reducción de jornadas laborales mediante ayudas al cuidado de menores, garantizarán el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario, aprobarán medidas de flexibilidad laboral, para que las empresas, en lugar de recurrir a despidos, apliquen reducciones de jornadas y ajustes temporales. Y habrá «recursos para apoyar la liquidez de las pymes», con líneas de crédito y aplazamientos y moratorias de sus obligaciones tributarias.

El covid-19, el nombre científico que han dado a este virus supercontagioso, ha infectado en España a casi 1.700 personas, según los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Sanidad en su último parte de ayer, a las 18.00 horas. Las víctimas mortales suman ya 35 personas. Eso coloca a España como segundo país con más contagios de Europa, después de Italia, país que el lunes cerró sus fronteras. Uno de los infectados es el diputado de Vox Javier Ortega Smith, cuya baja ha obligado a suspender la actividad parlamentaria en las Cortes Generales durante una semana.

En la Comunitat Valenciana, en la mañana de ayer se registraron 15 positivos, la cifra más alta desde que a finales de febrero llegó el primer contagiado y duplicando la cifra del día anterior, con muestras de la mañana y la tarde.

La Moncloa no quiere anticipar escenarios y Sánchez evitó concretar en qué iban a consistir, a su juicio, esas «semanas duras y difíciles». El Ejecutivo tendrá que decidir, de forma «consensuada» con el resto de administraciones, qué hacer. Porque después de la suspensión de Magdalena y las Fallas, habrá que hablar de la Semana Santa en Andalucía o de las elecciones gallegas y vascas del 5 de abril. «No descartamos seguir tomando medidas proporcionadas al desafío», señaló Sánchez. De hecho, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya puso sobre la mesa anoche la posibilidad de mantener o no la convocatoria electoral.