Bajo la premisa de que la educación es «eje del cambio, herramienta de igualdad y puerta a la economía», el consejo de ministros aprueba hoy la nueva ley educativa, que ha estado en un cajón debido al parón legislativo. El anterior Ejecutivo socialista ya la ratificó en su día. De hecho, tenía que haberse debatido en el Parlamento en enero del 2018. Ahora, el nuevo Gobierno vuelve a dar luz verde al proyecto, que implica una derogación de la controvertida LOMCE. Faltan muchos meses para que la nueva ley entre en vigor, ya que tiene que ser debatida y pactada en el Congreso y el Senado. El PP ya ha advertido que no la respaldará. Los diputados de Ciudadanos también se muestran contrarios a algunos de sus puntos.
La ley promovida por la ministra Isabel Celaá pone el acento en la educación pública «inclusiva, de calidad y personalizada». Uno de sus objetivos es reducir de forma considerable el alto número de repetidores (la cifra triplica la media de la OCDE). La nueva norma especifica que si un estudiante tiene que repetir sea una decisión colegiada de todo el equipo docente. Se podrá acceder al título de Bachillerato con un suspenso (uno solo).
Religión se seguirá ofreciendo en las escuelas, pero los alumnos que no la escojan no tendrán asignatura alternativa. Harán «otra cosa», que todavía está sin especificar. En todo caso, Religión no contará para la nota media. Todos los estudiantes cursarán una asignatura de valores cívicos y éticos.
