El Gobierno cerrará las residencias de ancianos que no reúnan condiciones para afrontar el coronavirus, les obligará a garantizar un atención médica mínima y les proporcionará el material y personal que vienen reclamando tirando de parte de un presupuesto de 300 millones habilitado por el Consejo de Ministros el pasado martes.

Este es el plan de choque con el que el ejecutivo pretende frenar la alta mortalidad registrada en diversos centros de toda España, según han anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. En solo seis geriátricos se ha conocido en los últimos dos días el fallecimiento de unos 60 ancianos.

El pasado 5 de marzo, Sanidad remitió a las comunidades autónomas un protocolo de cómo debían actuar la residencias para hacer frente a un patógeno que se ceba en la población de mayor edad. Debían aislar a los casos sospechosos, atenderlos médicamente y vetar las visitas de familiares. Aunque los responsables de geriátricos aseguran haberlo implementado en la medida de lo posible, se deben haber producido muchas excepciones, dado que hoy mismo el ministerio convertirá "el protocolo en orden ejecutiva", según el titular de la cartera.

Iglesias ha explicado que además de aportar medios a las residencias, los 300 millones se destinarán también a reforzar y ampliar los servicios de atención domiciliaria de los ancianos, algunos afectados por el cierre de centros de días o por la imposibilidad de los familiares de visitarlos.