Aunque ninguna sociedad científica apoya la existencia del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) -que no es reconocido por la OMS, la Asociación Americana de Psiquiatría o la española asociación de neurosiquiatría-, lo cierto es que algunos jueces, servicios sociales y equipos forenses siguen poniendolo en la práctica. Esto se traduce en que algunas madres, especialmente si tras un divorcio conflictivo han denunciado al padre por maltrato o abusos sexuales hacia el menor, ven como pierden la custodia porque se considera que han instrumentalizado al niño. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha imputado recientemente por un delito de prevaricación a cuatro miembros del servicio de infancia de la institución porque dejar a una madre sin la custodia compartida de su hija, debido a que el padre la denunció por poner a la niña en su contra, según ha publicado El País.

Ante esta situación, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron este viernes su rechazo a esta práctica, al participar en unas jornadas organizadas por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) destinadas a desmontar este llamado síndrome. Por parte del Ejecutivo asistió la recién nombrada Delegada del Gobierno contra la violencia machista, Vicky Rosell, quien se mostró en contra de la llamada violencia vicaria, que es aquella que ejercen algunos hombres sobre sus hijos para hacer daño a sus parejas o exparejas y que también puede ser institucional. Y señaló que ojalá dentro de poco para los juristas las siglas SAP sirvan exclusivamente para designar las sentencias de las audiencias provinciales, en referencia a que se destierre del ámbito judicial.

Rosell está en contra de este llamado síndrome pero dado que es reciente su nombramiento, no quiso avanzar posibles medidas o decisiones del Gobierno hasta que estas sean estudiadas en profundidad. En cualquier caso, el pacto de Estado contra la violencia machista ya se pronunció en contra de su aplicación y el Ejecutivo quiere impulsar su puesta en marcha.

Las mujeres, las acusadas

Por parte del CGPJ, el vocal Gerardo Martínez recordó que esta institución ya ha mostrado su oposición al SAP en la guía de aplicación de la ley integral contra la violencia machista. El SAP ha sido objeto de unas 200 quejas ante el Defensor del Pueblo en los tres últimos años, si bien esta institución sólo ha podido pronunciarse en ocho de ellas porque en el resto el asunto estaba judicializado, según explicó Ana Ovejero, técnica del Defensor. La mitad de las quejas fueron interpuestas por mujeres y la otra mitad por hombres. No obstante, las acusadas de manipular a sus hijos en la inmensa mayoría de los casos son las mujeres, según denunció la fiscal Inés Herreros en las jornadas.