El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este martes la puesta en marcha de un plan de respuesta temprana en el ámbito de los centros sociales residenciales, en el que se recogen cuáles deberán ser los ejes de actuación en dichos centros para prevenir, evaluar el riesgo y dar respuesta a los posibles brotes de coronavirus. Dichos planes deberán ser desarrollados por cada autonomía en el ejercicio de sus competencias.

La decisión se ha tomado en una reunión entre los consejeros de asuntos sociales de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la secretaría de Estado de Derechos Sociales convocada con el objetivo de dar una respuesta coordinada ante el aumento de los brotes de covid, según ha informado el Gobierno.

En el encuentro se ha decidido adaptar el 'plan de respuesta temprana en un escenario de control' diseñado por el Ministerio de Sanidad al ámbito residencial, ante el peligro de que el virus se extienda por unos centros en los que fallecieron más de 27.000 personas en la primera oleada de la epidemia. Dicha estrategia ya incluye la coordinación de las residencias con los centros sanitarios; la puesta a disposición de residentes, trabajadores y visitantes de materiales de protección; la realización de pruebas PCR, etc.

Lista de verificación

Asimismo, Gobierno y autonomías han acordado la sistematización del contenido mínimo de todos los planes de contingencia, a través de la elaboración de una 'lista de verificación' de forma similar a las que ya existen en hospitales y centros de atención primaria, que también se incluyen en el 'plan de respuesta temprana' que fue aprobado por el consejo interterritorial de salud a mediados de julio.

Las Comunidades Autónomas están trabajando de manera muy importante para evitar posibles rebrotes en las residencias. En la reunión de hoy hemos establecido un marco de respuesta coordinada, ordenando y poniendo en común los esfuerzos que las distintas administraciones están ya haciendo, ha explicado Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales.