La mitad de los abusos sexuales se dirigen contra menores y uno de cada diez estudiantes dice sufrir acoso escolar. Pese a la brutalidad de las cifras, que se calcula que están por debajo de la realidad debido al miedo de un niño a denunciar y a la falta de registros oficiales, España carece de una ley de erradicación de la violencia en la infancia. Una situación que el Gobierno quiere solventar, atendiendo al mandato del Congreso, que hace un año, de forma unánime, instó a aprobar la norma. Y a las recomendaciones expresas de la ONU. Para dar los primeros pasos, el Consejo de Ministros estudió ayer un informe sobre el anteproyecto normativo, que ha abierto a consultas, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, se comprometió a llevar a las Cortes en el segundo trimestre del 2019.

El contenido aún es incipiente, pero la ministra adelantó, en la rueda de prensa posterior al Consejo, sus pilares básicos. Entre ellos, la creación de un registro único que contabilice a los menores víctimas y permita tener una fotografía más precisa de la dimensión de esta lacra. El año pasado se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra la infancia, casi un millar más que el año anterior, pero para conocer la cifra de niños fallecidos por todo tipo de agresiones Save the Children ha tenido que recurrir a los casos difundidos en los medios. Según su cómputo, 100 en los últimos cinco años. Y los especialistas temen que estos datos sean solo la punta del iceberg, ya que se calcula solo el 15% de los menores se atreve a relatar a alguien su situación, por miedo, vergüenza o porque desconoce que está siendo violentado.

15 FALLECIDOS ESTE AÑO // Desde la aprobación de la ley de infancia, las estadísticas sí recogen datos de niños víctimas de violencia machista: 15 fallecidos este año. Pero el pacto de Estado contra el maltrato recoge medidas para mejorar su protección que no se han puesto en marcha. La futura ley también pretende arrojar luz y acorralar a quienes ejercen la violencia. Para ello, se actualizarán las materias relativas a la inhabilitación para el ejercicio de profesiones que traten con niños, con especial atención a la privación de la patria potestad, la tutela, guarda o adopción en el caso de abusadores. Asimismo, la normativa recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan cualquier indicio de violencia.

Así, se fomentará la sensibilización ciudadana, con especial atención a los grupos más vulnerables, como las niñas, los menores con discapacidad, extranjeros no acompañados o del colectivo LGTBI. La ley será integral, abarcará todos los ámbitos en los que viven los menores y todas las formas de violencia, también las ejercidas a través de las redes sociales. Según Save the Children, un 9,3% de los estudiantes consideran que ha sufrido acoso escolar en los últimos dos meses.