El Gobierno creará dos órganos permanentes para hacer frente a la violencia machista que, entre otras funciones, revisarán los fondos asignados para ello a ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluarán las órdenes de protección y reforzarán las medidas dirigidas a los niños.

Así lo acordaron los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido; la de Sanidad, Dolors Montserrat; el de Justicia, Rafael Catalá; y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que ayer se reunieron tras los últimos datos de crímenes machistas, que sitúan el inicio del 2017 en el peor periodo desde hace una década.

Uno de los órganos, consistente en una mesa permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia machista, estará presidido por la delegada de Gobierno de la Violencia de Genero, el director general de Evaluación y Coordinación Territorial de Educación y el director adjunto operativo (DAO) de Interior.

El otro, que estará presidido por Montserrat, agrupará los cuatro ministerios, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las autonomías por turnos de dos y los portavoces de los grupos parlamentarios, y se encargará de aplicar legalmente las conclusiones de la subcomisión de violencia creada en el Congreso. Dicho órgano mantendrá reuniones trimestrales en las que se elaborará un informe sobre la situación de la violencia de género, que se elevará a Consejo de Ministros, según informaron los departamentos de Zoido y Montserrat a través de una nota.

Entre las misiones de estos nuevos órganos estarán profundizar en la formación de los agentes implicados de los ámbitos sanitario, de la judicatura y de la fiscalía, mejorar la prevención en las redes sociales, sobre todo de los menores, y revisar y actualizar los protocolos de actuación interministeriales vigentes.

También evaluar la eficacia de las órdenes de protección y reforzar la de los niños, fortalecer las campañas contra la violencia de género previstas para este año, impulsar las denuncias externas para favorecer una detección precoz, analizar el riesgo en coordinación con las unidades de la violencia de género de las subdelegaciones y repasar las asignaciones presupuestarias a todos los niveles de la Administración.