España fue hace unos meses el país abanderado en la acogida de náufragos en el Mediterráneo. Sucedió en València, puerto en el que atracó, con un despliegue sin precedentes, el buque Aquarius de Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, custodiado por otros dos barcos de la marina italiana. A bordo, 629 personas que descendieron de los navíos para iniciar una nueva vida en Europa. Era el mes de junio.

Han pasado seis meses y para muchos, esa imagen de acogida ha quedado ahora pulverizada después de que el Ministerio de Fomento haya prohibido al Open Arms abandonar los muelles de Barcelona con destino a Libia por el incumplimiento de convenios internacionales marítimos.

«El buque no dispone del permiso necesario para salir hacia el Mediterráneo central frente a las costas libias como ha solicitado a la Dirección General de la Marina Mercante», reza el comunicado facilitado ayer por el Gobierno. Al parecer, el barco de la oenegé «no cuenta con los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino». En concreto, no está a la altura de tres convenios de los años 1979, 1974 y 1965. Open Arms ya ha presentado un recurso en el que pide anular la medida cautelar que les mantiene bloqueados desde el 8 de enero, cuando tenían previsto zarpar.