Una vía para contener o abaratar los alquileres es limitar sus rentas. Otra es aumentar la oferta, que está muy por debajo de la media europea. El Gobierno optará por la segunda fórmula mediante los arrendamientos asequibles en colaboración con el sector privado. Para ello prevé regular una series de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial (afectados para el uso y servicio público) destinadas en exclusiva a la promoción de vivienda de alquiler asequible, según contempla un borrador de decreto ley del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que ha tenido acceso este periódico.

A juicio del sector, una regulación para este tipo de viviendas sacaría al suelo de la ecuación de costes y permitiría construir vivienda con alquileres sociales, no allí donde sea asequible sino donde se requiera. El decreto es el envoltorio legal del plan que prepara el Ministerio para el desarrollo y rehabilitación de vivienda asequible de alquiler, que está dotado con 2.000 millones de euros.

LOS DETALLES / El borrador de decreto prevé la creación de instrumentos de colaboración «entre las distintas administraciones públicas para ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social». Establece que «se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple el abono de canon o precio, el derecho de superficie o concesión demanial que tenga por finalidad la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada».

En la exposición de motivos se justifica la regulación de esta actividad mediante un decreto ley, que requiere «urgente y extraordinaria necesidad», en que es preciso «incrementar el parque de viviendas destinadas a alquiler asequible para responder a la necesidad de grupos de población en situación de vulnerabilidad».

La colaboración público-privada para alquiler asequible es una de las propuestas que ha articulado la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval), a través de su presidente, Joan Clos. Según sus estimaciones, esta colaboración permitiría construir hasta 1,5 millones de viviendas con rentas asequibles.