El Gobierno prepara un plan de rescate para el turismo, el sector más afectado por el coronavirus. Hoy, el Consejo de Ministros estudiará una de las primeras medidas: el refuerzo de la protección de los trabajadores fijos-discontinuos. El Ejecutivo prevé ampliar la prestación por desempleo a los cerca de 300.000 trabajadores fijos discontinuos que tenían previsto iniciar su actividad en Semana Santa hasta el mes de octubre. Ademas, aunque no hubieran generado el derecho al paro o lo hubieran agotado, el Gobierno les garantiza la prestación durante tres meses, según un borrador de real decreto al que ha tenido acceso este diario. Un texto con una nueva ronda de ayudas para trabajadores y empresas como un IVA cero para el material sanitario y avales de hasta 1.200 millones en el pago del alquiler.
FISCALIDAD
IVA cero para el material sanitario
El texto incluye un tipo impositivo de IVA cero para el material sanitario hasta el 31 de julio para permitir que el suministro de estos productos, fundamentales en plena pandemia, se realice de forma «rápida y efectiva» y se garantice «la igualdad de trato de los productores nacionales en relación con las importaciones». Además, la nueva norma establece la posibilidad de que los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades para los períodos iniciados a partir del 1 de enero de 2020, para aquellos contribuyentes que no han superado un volumen de operaciones superior a los de 600.000 euros, se hagan sobre la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses. Los contribuyentes que no hayan podido ejercer esta opción, y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6 millones de euros, se prevé que puedan realizarla en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.
EMPLEO
Dos meses más de teletrabajo
El Ejecutivo prevé prorrogar dos meses el «carácter preferente» del teletrabajo y el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada para aquellos trabajadores que cambiaron su horario durante el confinamiento para cuidar de sus familiares más jóvenes, enfermos o discapacitados. Es decir, aquellos trabajadores que están trabajando a distancia deberán seguir haciéndolo, si el estado de alarma se levanta a principios de mayo, hasta el inicio del mes de julio. Además, habilita a las empresas que desarrollan «actividades esenciales» para hacer ajustes temporales de empleo (ERTE) en «aquella parte de la actividad o aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial». Por ejemplo, una cadena de supermercados, si tiene, un departamento de diseño que no tiene ninguna actividad podría realizar un ERTE en esa área. Además, se permite a las autoridades portuarias a reducir los «tráficos mínimos exigidos para el año 2020» en el caso de que no sea posible alcanzar dicha actividad por causa del covid-19 y no se «aplicarán las penalizaciones por incumplimientos». También se establecen reducciones de las tasa de buque, ocupación y actividad.
FINANCIACIÓN
El IDAE aplazará las cuotas de los préstamos
También, se amplía la línea de avales por importe de hasta 100.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2020, aprobada hace un mes, que tenía como límite hasta el 30 de septiembre. Y se habilita al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a conceder aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables. Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020.
protección ciudadana
Hasta 1.200 millones para el alquiler
El Gobierno de España fija en 1.200 millones de euros el importe máximo para avalar los créditos de las familias que no pueden pagar el alquiler de su vivienda habitual. Los trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia de la pandemia del virus covid-19, serán considerados en desempleo y, por tanto, tendrán derecho a la prestación. Además, se traslada a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de la prestación extraordinaria de cese de actividad que pueden solicitar autónomos y pymes que han suspendido su actividad.
