La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó ayer que el Gobierno prepara una reanudación total de la actividad económica en dos tiempos, uno «hasta el verano» y otro «que se va a extender hasta el final del año» en curso. «Es decir, vamos a ir a un proceso paulatino de reincorporación de sectores y obviamente vamos a ir trabajando también en atención a esas necesidades», precisó en TVE. Díaz destacó que actividades como el turismo, la cultura, el ocio y la navegación aérea y marítima están paralizadas y van a tener «enormes dificultades» para volver a ponerse en marcha. «Estamos trabajando y diseñando con los agentes sociales cómo debemos pautar las medidas para dar amortiguación social en estos momentos», aseguró.

Trabajo, apuntó, prepara con patronal, sindicatos y grupos parlamentarios que se puedan continuar los ERTE por fuerza mayor a causa del coronavirus en los sectores que «van a estar muchos meses sin actividad». El Ministerio de Industria, añadió, está elaborando «planes de actuación concretos» para ámbitos como el turismo, la restauración, la hostelería y el comercio.

Díaz también reconoció que, «sin lugar a dudas», se están produciendo irregularidades en los ERTE. «Una vez pase la pandemia, con tranquilidad ya, desde los organismos públicos vamos a estudiar los ERTE para ver si hay algún tipo de fraude», advirtió. En este sentido, afirmó que ha habido expedientes presentados como de fuerza mayor por la pandemia que las autoridades han reconvertido en ordinarios o han logrado que no se presentasen. Y pidió a las compañías que no los necesiten que no los presenten y aplaudió a las que han descartado ajustes temporales.

La ministra también negó que se estén produciendo problemas en la tramitación de los expedientes y afirmó que el cobro de las prestaciones se realizará no el día 10 como es habitual, sino una semana antes, gracias al acuerdo alcanzado por Trabajo con la banca.

Por otra parte, un total de 919.173 trabajadores autónomos cobraron ayer la prestación especial por cese de actividad habilitada por el Gobierno para paliar el impacto económico entre este colectivo, informa Gabriel Ubieto. La cuantía mínima, y a su vez la más frecuente, será de 660,8 euros. Las mutuas colaboradoras han autorizado el 97% de las solicitudes tramitadas, más de un millón, y para abonarlas la Seguridad Social ha dispuesto un total de 670,9 millones.