Un día después de que el Parlamento balear aprobara la discutida ley que impide el maltrato y el muerte de los toros durante las corridas, el Gobierno no ha tardado en tomar cartas en el asunto y dar su réplica. Con el propósito de paralizar la norma, el Ejecutivo anunció ayer que recurrirá dicha ley al Tribunal Constitucional, y así se lo hizo saber a su homólogo isleño. Tal como recordó el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, si los magistrados admiten el recurso, el texto quedará suspendido cautelarmente de forma automática.
Lo hará porque entiende que la nueva ley autonómica vulnera la tauromaquia como bien cultural y que «el Estado tiene el deber de proteger ese patrimonio», aseguró Benzo al respecto.
INVASIÓN // Benzo trasladó a la consejera balear, con la que mantuvo una reunión, que el Gobierno considera que la ley de su comunidad que regula las corridas de toros «vulnera la Constitución al invadir competencias de la Administración General del Estado».
Así pues, el secretario de Estado le recordó que las Cortes Generales aprobaron hace cuatro años la norma que regulaba la Tauromaquia como patrimonio de todos los españoles y que, en 2016, el Tribunal Constitucional confirmaba en una sentencia que «es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural».
La Fundación del Toro de Lidia (FTL), a su vez, opinó a través de un comunicado que la ley es «una argucia legal que pretende prohibir las corridas de toros desnaturalizando su esencia».
