Aunque la mayoría de las autonomías estaban ya prestando la sanidad universal por su cuenta en contra del criterio del Ejecutivo central, el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de que en seis semanas el acceso al sistema sanitario será gratuito para todo el mundo fue recibido ayer viernes con satisfacción por parte de los afectados y de las asociaciones que trabajan con ellos.

Fue la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, quien avanzó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo que el Ejecutivo aprobará un real decreto que derogará la reforma del PP. Para redactar ese decreto el Gobierno va a abrir un proceso de diálogo con las comunidades y la sociedad civil, y Celaá añadió que, una vez que se apruebe la nueva norma, todas las autonomías la cumplirán.

Según cifras del anterior Ejecutivo del PP, solo en el 2012, cuando entró en vigor de la ley, unas 800.000 personas en toda España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Eran inmigrantes irregulares o familiares reagrupados. Y también españoles que se iban fuera a buscar trabajo y estaban más de 90 días en el extranjero.

REVERTIR LA SITUACIÓN // «La derogación de la reforma sanitaria del PP supone revertir una situación que nunca tenía que haber sucedido», declara el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. «La salud es un derecho inalienable y, al igual que la educación, requiere de políticas de Estado», añade. A su juicio, el Gobierno de Rajoy no pudo demostrar nunca «ningún beneficio» de los prometidos cuando aprobó su reforma. «Fue un decreto populista, hecho con una visión a corto plazo que no produjo ningún gasto sanitario».

Las consecuencias de esta medida han sido, en algunos casos, mortales. Para ello ya no hay vuelta atrás. Así lo reveló este año el informe Los efectos mortales de perder la cobertura sanitaria, publicado por la Universitat Pompeu i Fabra, según el cual, la ley del PP provocó un aumento medio del 15% de la mortalidad de los inmigrantes irregulares. Las entidades le dan plena credibilidad.

El documento analizaba la evolución en la mortalidad de la población que reside en España de manera irregular entre el 2009 y el 2015, y concluía que a partir de la entrada en vigor de la ley del del PP del 2012 se produjeron 70 muertes más al año que las que se producían en el periodo anterior. Es decir, unas 400 muertes durante estos seis años.

En la Comunitat Valenciana, la sanidad universal se mantiene pese a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre pasado que anulaba el decreto-ley que impulsó el Consell. Tras ese fallo, la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, dio las instrucciones para que se siguiera prestando la atención médica a los inmigrantes.