El «milagro» en el que confiaba Juana Rivas no se produjo y su abogada no logró suspender la sentencia que la obligaba a entregar ayer a sus dos hijos menores a su padre, condenado por violencia de género y residente en Italia. Y como llevaba días anunciando, optó por huir. Su entorno confirmó que le perdieron la pista a las 23 horas de la noche del martes, cuando hablaron con ella. Ahora está en paradero desconocido, lo que complica su situación jurídica dado que Rivas podría enfrentarse, asimismo, a un posible delito de desobediencia.

Hasta el último minuto, su abogada y la responsable del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, intentaron frenar lo inevitable con la Fiscalía de Familia. No sirvió de nada. «Ha sido la experiencia más frustrante de mi vida respecto al sistema judicial», dijo Granados, quien no obstante presentará en los tribunales un escrito con informes psicológicos de los menores, de 3 y 11 años, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

LA ENTREGA // Los niños, por tanto, debían acudir ayer a las 16.30 horas al punto de encuentro familiar de Granada. Hasta allí se desplazó Francesco A., expareja de Rivas. A los 20 minutos, el hombre se marchó sin los críos y los responsables del centro comunicaron al juzgado la incomparecencia de la madre. La jueza había solicitado el auxilio de la Unidad de Familia de la Policía Nacional en caso de que la madre «obstaculizara» la entrega de los menores, por lo que ahora serán estos los encargados de localizar a Rivas y sus hijos, desaparecidos, a quienes decenas de vecinos expresaron su apoyo con una concentración en la localidad.

Más allá de la disputa entre progenitores por los niños, ambos difieren en el enfoque jurídico. El letrado del padre lamenta la «instrumentalización» del caso porque se trata de un «secuestro interparental», puesto que la familia residía en Calafonte (Italia) desde el 2013, hasta que en el año 2016 Juana se desplazó a Granada ocultando sus intenciones de instalarse definitivamente allí. Una sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Granada (ratificada por la Audiencia provincial) apela a la aplicación de un convenio internacional sobre traslado ilícito de menores y obliga a que los niños regresen al país transalpino.

LESIONES // Sin embargo, Juana asegura que huyó por «la insostenible situación de violencia psicológica y física». Según el relato que hace su entorno, los problemas surgieron casi desde el inicio de la relación. En el 2009, ella le denunció por lesiones y fue condenado a tres meses de cárcel y un año de alejamiento.