La Guardia Civil ha detectado un fraude a la Seguridad Social por el que 14 ciudadanos búlgaros residentes en su país lograron acceder a las listas de espera de trasplantes de riñón de la Comunidad de Madrid a través de contratos de trabajo ficticios en España. Seis de ellos ya han recibido el órgano, originando un gasto de 1,5 millones de euros para el sistema sanitario.

La operación comenzó hace un año, cuando la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) detectó un número anómalo de ciudadanos de Europa del Este en la lista de espera para trasplantes de riñón. Estas personas viajaban a España en avión o autobús, dirigiéndose a una consulta de un centro de salud. Allí contaban que se encontraban de vacaciones o visitando a un familiar y solicitaban el tratamiento de hemodiálisis que se ofrece como urgencia médica a cualquier turista. En algunos casos llegaron a acudir a los hospitales el mismo día de su llegada a nuestro país.

Luego se empadronaban, se registraban como extranjeros residentes, y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese como trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin llegar en ningún caso a realizar actividad laboral alguna.

JARDINEROS ENFERMOS

A los investigadores les llamó la atención que, pacientes que en su mayoría necesitaban de hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico e incompatibles con cualquier actividad laboral, se diesen de alta como jardineros, empleados de hogar, o empleados de la construcción.

No formaban parte, sin embargo, de ninguna red. La Guardia Civil no ha detectado "una organización criminal que haya obtenido lucro ni nexos o elementos comunes entre todos ellos", según el comandante Reina, jefe del Grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad Central Operativa (UCO). Lo que se ha producido ha sido un "efecto llamada" producido por el "boca a boca" o por los casos contados a través de diferentes medios de comunicación búlgaros, ha añadido el comandante.

DE SEIS MESES A SEIS AÑOS DE CÁRCEL

Las penas por este delito oscilan entre los 6 meses y 6 años de cárcel en función de la gravedad que determine el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid que está llevando la operación, además de una multa y el reintegro de las prestaciones indebidamente obtenidas (el coste de un trasplante de riñón oscila los 50.000 euros). La Guardia Civil está analizando también si puede haber más casos en otras comunidades autónomas.

"Esta operación entra dentro del turismo sanitario", ha declarado Rafael Matesanz, director de la ONT, que ha reconocido que siempre han negado el trasplante renal a quienes venían a España por este motivo y lo limitaban a quienes tenían su residencia legal en España. Además, ha asegurado que están trabajando para evitar que se produzcan nuevos casos y confía en que el hecho de hacer pública esta operación sirva para frenar ese efecto llamada.

Todos los investigados, los 14 enfermos, más seis empleadores ficticios, permanecen en libertad con cargos en España.