Varios agentes de la Guardia Civil desplegados en Cataluña a raíz del 1-O se alojan desde este martes en el cámping isla Mateua de l'Escala (Alt Empordà), donde este verano se hicieron las polémicas maniobras militares en las cuales participó el cuerpo. Este hecho provocó la dimisión del concejal de CiU en l'Escala, Martí Guillem, propietario del cámping, solo dos días después de que el Ejército realizara las maniobras.

La adjunta a dirección del cámping, Eva Maria Trias, ha explicado que el establecimiento está cerrado al público y que la contratación se ha hecho a través de una agencia. Trias remarca que se trata de un negocio privado que se dedica a ofrecer alojamiento y, aunque admite que puede haber detractores, insiste en que "somos un país democrático donde todo el mundo es libre de pensar lo que quiera".

Por lo pronto anoche, sobre las 23.00 horas, un centenar de personas se concentraron a las puertas de la instalación para hacer una cacerolada al grito de "fuera las fuerzas de ocupación". Otras personas circularon en vehículo por delante de las instalaciones tocando la bocina en señal de rechazo a su presencia.

"UN PAÍS DEMOCRÁTICO"

Trias defiende la actuación del cámping, aunque admite que "estamos en un país democrático donde hay libertad de expresión". "Nosotros no nos posicionamos, somos empresarios, los empresarios que, de momento, nos mantenemos aquí y no hacemos como las 1.400 empresas que han huido de Cataluña", dice.

El cámping ya fue objeto de polémica este verano. El pasado 7 de julio el establecimiento organizó una exhibición de maniobras militares donde participaron una veintena de efectivos de la Guardia Civil y del Ejército. La actuación simulaba un ejercicio de asalto a la línea costera donde los militares y el cuerpo policial se tiraron al agua e hicieron rápel en la Illa Mateua cargados con todo el equipo, incluidas armas.

Después, llegaron nadando a la costa y accedieron a las instalaciones del camping, que los invitó a hacer la actividad como un "elemento más de animación" de los que realizan en el complejo. La situación provocó un fuerte revuelo en la población y forzó la dimisión de su propietario, Martí Guillem, hasta entonces concejal de CiU en la oposición del municipio.