Eran las 5 de la tarde del 23 de diciembre del 2014. Una dotación de los Mossos d’Esquadra pasa por delante de la masía El Molí d’En Reixach, en Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), y observa como un coche de alta gama entra en la finca e inmediatamente vuelve a salir. Los agentes sospechan de la extraña maniobra y paran al vehículo. Su conductor se muestra muy nervioso. A los policías les llega un fuerte olor a marihuana y deciden registrar el turismo. No encuentran nada, pero no se dan por satisfechos y abren una investigación. Al cabo de unos meses, se descubre que en la masía había una plantación de marihuana con casi mil ejemplares. Estos terrenos son, en parte, suelo público, pues pertenecen al Institut Català del Sol (INCASOL) y también a la empresa Varla Real Estate, que ejercen la acusación.

El INCASOL autorizó en junio del 2009 a F. P. G. a ocupar las edificaciones, cobertizos y anexos de El Molí d’En Reixach, una finca de 120.000 metros cuadrados que la entidad pública tiene a medias con la citada empresa. Sin embargo, nadie podía imaginar que a la persona a quien se le cedieron los terrenos escondería en la masía una plantación de marihuana con casi mil plantas. El fino olfato de unos agentes de la policía, las tuberías de agua por la fachada y la conexión directa al tendido eléctrico levantó las sospechas que acabó con el lucrativo negocio.

La investigación fue precisa. Los mossos consultaron primero el registro catastral y, después consultaron a las compañías de electricidad y del agua si la masía tenía suministro. El objetivo era averiguar si el gasto de luz y agua era superior al habitual. Las dos empresas respondieron negativamente y los agentes empezaron a trabajar con la hipótesis de que la casa estuviera conectada directamente a la red eléctrica. De forma paralela, la policía autonómica montó un servicio de vigilancia en los alrededores de El Molí d’En Reixac.

VIDA SEDENTARIA

Durante la operación, que duró tres meses, los mossos comprobaron que los vehículos que entran y salen de la finca y la pareja que vive en ella “realizan una vida muy sedentaria, saliendo poco del domicilio”, según destaca el atestado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Y no solo eso, los agentes señalan en su informe que es “improbable” que los habitantes de la masía “dispongan de un trabajo estable”. En más de una ocasión, los policías habían percibido un fuerte olor a marihuana que podría provenir de la casa.

El 7 de abril del 2015, los mossos detuvieron a F. P. G.. Llevaba encima 574 euros que, según la policía, podrían ser producto de “pequeñas ventas de marihuana”. Los agentes registraron la masía y hallaron en su interior 991 plantas de marihuana. Al detenido se le acusó de un delito contra la salud pública. Al cabo de unos meses, en febrero, los mossos comunicaron al juzgado que han podido comprobar que el precinto del almacén donde se encontraba la plantación ya no está y que en el interior falta casi toda la instalación. El acusado, según el atestado, se lo había vendido todo. Un juzgado de Sant Feliu de Guixols se encarga de las investigaciones.