Durante nueve años, los siete primeros en una terrible soledad, las víctimas del accidente del metro de Valencia acudieron cada mes a la céntrica plaza de la Virgen de la ciudad con una pancarta con el lema '43 muertos, 47 heridos, 0 responsables'. Este lunes, más de 13 años después de aquel fatídico 3 de julio del 2006, por fin podrán cambiar esa última cifra ya que el arranque del juicio señalará a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como culpables de aquella tragedia.
La Fiscalía y la Asociación de Víctimas han cerrado un pacto por el que serán condenados a 22 meses de cárcel, que no cumplirán, y a una inhabilitación. "La condena responde cien por cien a los que buscábamos", explica a EL PERIÓDICO Beatriz Garrote, presidenta de la asociación durante muchos años. Los que fueran jefes de aquella línea 1 (el director de explotación, el director técnico de la empresa y el responsable de la auditoria de seguridad) asumirán que el accidente pudo evitarse con una mejor gestión.
"Señala dónde estaban las responsabilidades en la cadena de dirección y apunta a un montón de culpables que se quedan fuera pero que están ahí", remarca la que ha sido una de las caras de esta larga lucha y que perdió a una de sus hermanas en aquel accidente.
Otra de ellas, Rosa Garrote, cogió su relevo al frente del grupo y coincide con Beatriz. "Es un triunfo inapelable, la responsabilidad no se podía quedar en el último eslabón de la cadena, en el conductor, y para mí casi tiene más mérito que lo reconozcan ellos que si lo hubiera impuesto una sentencia", asegura.
El pacto asume la que siempre ha sido la tesis de las víctimas: que hubo un exceso de velocidad, sí, pero que "la empresa que no puso las medidas efectivas para frenar el tren".
Tras ganar una lucha tan desigual y tan larga, hay a quien le puede saber a poco la sentencia, pero no así a la asociación. "Hay muchos amigos, gente que te conoce y te dice 'al final no va a entrar nadie en la cárcel' o 'no os van a decir quién fue el culpable'", retoma Beatriz. "Pero es que sabíamos que esta fase no iba a aportar esas luces. Confiábamos en la condena, pero no en que fuera mucho mayor y no buscábamos una venganza personal, queríamos ponerle un final", explica.
El muro de la instrucción
Para llegar a este punto de un juicio inminente sobre el que poder negociar, las víctimas han tenido que superar la tenaz negativa de una jueza de instrucción que siempre lo achacó exclusivamente a que aquella unidad 3776 que descarriló en la estación de Jesús entró a 80km/h en una curva en la que no podía pasar de los 40 km/h.
"Nos hemos encontrado con ese muro, pero poco a poco lo hemos derribado gracias a la Fiscalía y, sobre todo, a la Audiencia Provincial, que no nos daban la razón siempre pero sí que estaban por la labor de mirar todas las posibles circunstancias", explica Rosa.
"Nosotros hemos intentado abrir la investigación al resto de posibles factores, al estado de la vía, del vagón, a que no había una baliza que hubiera frenado al tren, pero a la instructora todo lo que no señalaba directamente al conductor no lo veía relevante", recuerda Rosa. "Nunca ha tenido intención de investigar mas allá de la velocidad. Parecía más la abogada defensora que la jueza", lamenta.
Tres veces mandó la jueza archivar el caso, la primera de acuerdo con la Fiscalía, y otras tantas le obligó la Audiencia a reabrirlo. La última, para abocarlo a un juicio que debía durar hasta julio, que se resolverá en una sesión y que se celebrará, como la propia jueza remarcó, contra su voluntad. "Atendiendo al contenido del auto de la Audiencia Provincial (...) y encontrándose vinculada esta juzgadora por lo dispuesto en el mismo", escribió hace unos meses en su último auto.
Ausentes señalados
La futura sentencia, recalca Beatriz, también le señala a ella. "Los que han fallado, los que han mirado hacia otro lado, que se lo hagan mirar, que hagan una revisión si tienen un mínimo de dignidad", reclama. En ese apartado también entran otros, incluido el 'expresident' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.
"Las responsabilidades anteriores son de los que tenían la responsabilidad de hacer las cosas y no las hicieron, pero eso siempre hemos sabido que no fue voluntario", recuerda.
"Pero la responsabilidad posterior al accidente, el daño, la deshonestidad, el abuso de poder, las mentiras Todo eso se lo podían haber ahorrado. Esto señala a personas como Camps responsables de lo que fue una vergüenza para salvar su imagen", recuerda.
En el mismo saco mete a Marisa Gracia, la exgerente de FGV, una de los cuatro acusados iniciales que quedará formalmente absuelta. "Pero se demuestra que su gestión posterior fue deshonesta porque ella fue la que dirigió las comparecencias de la primera comisión de investigación en la que ahora queda claro que unos y otros mintieron", remarca.
Este final, asegura sin poder contener las lágrimas, "pone a cada uno en su sitio". "Nos faltaba ese reconocimiento por el que luchábamos y que ahora se va a ratificar", dice Beatriz. 14 años después ha llegado su hora.
