El Instituto de Crédito Oficial (ICO) controlará que los bancos cumplan su obligación legal de no disparar los precios y condiciones de los créditos avalados por el Estado a empresas y autónomos afectados por el coronavirus. Así se desprende del contrato que el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha hecho llegar a las entidades financieras a través de las que la línea de garantías de 100.000 millones aprobada por el Gobierno. Las dos partes están firmando el documento, al que ha tenido acceso este diario, entre ayer y el lunes.

El contrato destaca que los costes de los préstamos se habrán de mantener «en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis». Asimismo, advierte a las entidades de que deberán «trasladar» a los autónomos y empresas la «ventaja» que supone contar con la garantía pública, bien «mediante la contención o reducción del tipo de interés de la nueva operación financiera, bien mediante la concesión de igual o mayor riesgo al cliente al que tenía concedido antes del inicio de la crisis del covid-19 o al que le correspondiese en caso de no existir el aval, o bien mediante un incremento del plazo o mediante la concesión de algún periodo de carencia del principal».

Desatender esta obligación es uno de los supuestos previstos que obligarían al banco a devolver el dinero recibido del Estado si el cliente entra en morosidad. Para garantizar que las entidades cumplan, los bancos deberán aportar al ICO dos «parrillas trimestrales» durante el 2020 con los precios medios aplicados a los créditos en función de cada plazo y diferenciando entre autónomos y pymes y el resto de empresas. Una de las tablas recogerá solo las operaciones avaladas y la otra incluirá todas las operaciones de la entidad.

El documento también confirma que el ICO comunicará a cada entidad el importe máximo de avales asignado a la misma. Con esta medida, se busca evitar que los bancos compitan entre sí.

En la anterior crisis, en la que las garantías se concedían según iban llegando las solicitudes, algunas entidades instaron a sus clientes a pedir más liquidez de la que necesitaban con el argumento de que más adelante podría no estar disponible y con el objetivo de dejar a sus competidores sin fondos.

El Banco de España está instando a las entidades a ser muy rigurosas en la aplicación de las garantías. El organismo supervisor espera que el sector cumpla su compromiso de mantener y renovar las líneas de crédito abiertas a empresas hasta septiembre. Al mismo tiempo, está vigilante para que los bancos no intenten incluir créditos morosos en la línea de avales, que está expresamente prohibido.