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La Iglesia católica afronta una nueva oleada de demandas por pederastia en EEUU

La reforma de la prescripción de los delitos en varios estados anticipa miles de denuncias en los tribunales Las compensaciones a las víctimas podrían superar los 4.000 millones pagados hasta ahora por la Iglesia

 

El exsacerdote John Geoghan, en el juicio celebrado contra él por pederastia en Boston, en el 2002. - AP / JOHN BLANDING

RICARDO MIR DE FRANCIA
07/12/2019

Casi dos décadas después de que las investigaciones periodísticas del Boston Globe pusieran en marcha la primera gran oleada de demandas contra la Iglesia católica por los crímenes de pederastia cometidos por sus clérigos, sus víctimas tendrán una nueva oportunidad para reclamar compensaciones económicas en Estados Unidos. Las reformas legales acometidas recientemente por una quincena de estados para extender o anular la prescripción de los delitos por abuso sexual a menores han reabierto las puertas de los juzgados para las víctimas. La avalancha de demandas civiles ha empezado a tomar forma y se espera que el monto de las compensaciones supere los más de 4.000 millones de dólares pagados por la Iglesia en EE UU desde que los primeros escándalos afloraran en los años ochenta.

Ya era hora de que los legisladores dieran a los supervivientes la oportunidad de acudir a los tribunales, asegura el abogado Gerald Williams, socio del despacho Williams Cedar, miembro de un consorcio que representa a 400 víctimas de la pederastia clerical. Los antiguos estatutos no eran justos porque los niños que sufren abusos sexuales tienden a reprimirlos y generalmente son incapaces de hablar de ellos durante décadas. Muchas de las tropelías destapadas hasta ahora se cometieron durante la segunda mitad del siglo pasado. Con la ley en la mano, eran delitos prescritos, pero el constante goteo de escándalos contra menores de los últimos tiempos ha propulsado la reforma de los estatutos que regían estos crímenes.

Pensilvania encendió la llama, después de que un gran jurado determinara el año pasado que 300 curas abusaron de más un millar de niños durante siete décadas mientras sus obispos encubrían los crímenes. Pero no fue el único caso que perturbó la conciencia del país. Los abusos del médico Larry Nassar contra las atletas del equipo olímpico de gimnasia o los crímenes perpetrados en varios colegios privados por profesores y empleados pusieron las reformas en marcha. Nueva York abrió en verano una ventana de un año para denunciar los delitos prescritos; Nueva Jersey lo ha hecho esta semana y, a partir de Año Nuevo, California abrirá un plazo de tres años para aceptar viejas denuncias.

Solo en los tres estados mencionados, de los 15 que han modificado sus estatutos, se esperan unas 5.000 demandas contra la Iglesia, que podrían traducirse en unas indemnizaciones que oscilarían entre los 1.600 millones y los 6.000 millones de dólares, según los cálculos de Associated Press. Lo primero que quieren las víctimas es dar a conocer los abusos que sufrieron, quién los cometió y quién se encargó de encubrirlos para que no se repitan en el futuro, dice Williams. Pero también buscan aliviar el peso de tantos años de silencio y una compensación por los daños sufridos. Cada víctima que ha podido hasta ahora denunciar y demostrar los abusos ha recibido una media de 350.000 dólares.

En estos últimos dos años, la Iglesia ha tratado concienzudamente de bloquear las reformas. Solo en el noreste del país, se ha gastado más de 10 millones de dólares en lobi para tratar de mantener la prescripción de los delitos, según varios análisis. Como cualquier consejero delegado, la Iglesia considera que es su obligación preservar los activos de la institución, afirma el padre jesuita y antiguo director de la revista católica América, Thomas Reese. Los abogados de la institución han argumentado que muchos de los pederastas están muertos y que, por lo tanto, no podrán defenderse en un eventual juicio; o que la nueva cascada de demandas abocará a muchas diócesis a la quiebra. Pero en gran medida han perdido la batalla.

Anticipando lo que se les viene encima, muchas diócesis han creado fondos fiduciarios para indemnizar a las víctimas sin tener que ir a juicio. Fondos gestionados por entidades laicas y nutridos con el dinero de los arzobispados y las aseguradoras. De acuerdo con los expertos, esos procedimientos aceleran los trámites y eximen a las víctimas de contratar los servicios de un abogado, pero las compensaciones suelen ser inferiores. El dinero, en cualquier caso, no sale del bolsillo de los obispos sino de la comunidad. Ningún obispo se va a quedar sin cenar ni perderá su seguro sanitario por estos pagos. Esa es una de las grandes falacias de todo esto, dice el padre Reese.

Sufrirán las parroquias, los colegios católicos y el brazo asistencial de la Iglesia, que van a tener menos fondos debido al pago de las indemnizaciones. Desde que los escándalos comenzaron en EE UU, una veintena de diócesis y órdenes católicas se han declarado en quiebra. La previsión de Reese es que muchas más sigan ese camino en los próximos meses y años. Este no es el principio ni el final de este desastre. Habrá una nueva oleada de demandas y algunas quiebras, pero las víctimas merecen justicia.

Será en cualquier caso una justicia parcial porque las reformas respecto a la prescripción de los delitos solo son aplicables en el ámbito civil. La prescripción en el ámbito penal está regulada por la Constitución y de momento es inamovible. De modo que ningún cura acusado de abusar hace décadas de un niño irá a la cárcel.

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